Un aparatoso accidente en la vía Valledupar–Pueblo Bello ha puesto bajo el foco público al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo Martínez, y ha reavivado el debate sobre el uso y administración de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho, reportado inicialmente por el diario El Tiempo, involucra una lujosa camioneta Toyota blindada que terminó volcada y dejó varios heridos.
De acuerdo con la información preliminar citada por El Tiempo, al menos tres de los ocupantes del vehículo resultaron con lesiones de consideración, incluido el propio magistrado. El accidente ocurrio este domingo , cuando la camioneta, una Toyota Land Cruiser de placas NJZ 497, perdió el control en una curva y terminó fuera de la vía.
Aunque inicialmente se desconocía la propiedad del vehículo, las pesquisas periodísticas y fuentes cercanas al esquema de seguridad del CNE confirmaron que el vehículo hace parte de los activos asignados por la UNP para la protección de altos funcionarios del Estado.
¿Un carro blindado más del «carrusel»?
El dato no es menor. En los últimos años, la UNP ha sido fuertemente cuestionada por el manejo irregular de los vehículos blindados, muchos de los cuales han sido rentados a través de empresas privadas, sin control estricto del Estado. El accidente en el que se vio involucrado el magistrado Campo revive el fantasma del “carrusel de los blindados”, una red de contratos y favores donde funcionarios con poder terminan usando camionetas de lujo, en algunos casos sin justificar riesgos excepcionales.
Aunque el registro de propiedad de la Toyota muestra que estaría a nombre de un banco privado, fuentes de la UNP confirmaron a El Tiempo que la camioneta había sido asignada al magistrado como parte de su esquema de seguridad, a través de un contrato de renting con una empresa blindadora.
Alfonso Campo Martínez fue director de la Unidad de Víctimas entre 2020 y 2022, y posteriormente fue postulado por el partido Conservador como magistrado del CNE. Su llegada al tribunal electoral fue cuestionada por sectores que advirtieron conflictos de interés, especialmente en un órgano clave para la vigilancia de elecciones.
El hecho de que un magistrado con pasado político esté involucrado en un accidente en un vehículo de lujo ligado a una entidad señalada por prácticas clientelistas, pone nuevamente en duda la transparencia y el rigor con el que se otorgan los esquemas de protección en Colombia.
¿Quién responde?
Ni la UNP ni el CNE han emitido comunicados oficiales detallando el estado de salud del magistrado ni explicando las condiciones bajo las cuales se le asignó dicho vehículo. Tampoco han informado si el uso del vehículo correspondía a un trayecto oficial o personal.
Este accidente podría convertirse en la punta del iceberg de nuevas investigaciones sobre los recursos públicos invertidos en blindados, seguros, mantenimiento y choferes para funcionarios cuyo nivel de riesgo real aún está por definirse.
El caso de Alfonso Campo reabre una herida institucional que Colombia no ha logrado cerrar: la falta de transparencia en el uso de bienes del Estado bajo el argumento de la seguridad personal. En un país donde cientos de líderes sociales esperan protección básica, los blindados de alta gama siguen rodando —y en este caso, volcando— en medio del silencio institucional.
