En un giro inesperado, el juez federal Fernando Rodríguez —nombrado por el propio Trump— bloqueó el uso de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a migrantes venezolanos en Texas.
La ley, pensada para tiempos de guerra, fue usada por el expresidente para deportaciones exprés sin debido proceso, alegando vínculos con el Tren de Aragua. Pero el juez fue contundente: “No hay guerra, no hay base legal”.
El fallo frena una de las maniobras migratorias más polémicas y marca un precedente que limita el poder presidencial. Una victoria para los derechos humanos y un revés para las políticas radicales de Trump.
El fallo del juez Rodríguez ha sido celebrado por defensores de derechos humanos, quienes lo ven como una barrera contra el abuso de poder y la criminalización sin pruebas de comunidades migrantes. Mientras tanto, desde el círculo de Trump, la decisión fue recibida con furia, acusando al sistema judicial de sabotear su lucha contra el crimen. Sin embargo, expertos coinciden: usar una ley de hace más de 200 años para expulsar migrantes sin juicio es una peligrosa distorsión legal que el país no puede permitir.
