Bogotá, mayo de 2025. En un movimiento político sorpresivo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado una nueva versión de la consulta popular, conocida como “Consulta Popular 2.0”, luego del fracaso del primer intento. La iniciativa contempla 16 preguntas enfocadas principalmente en las reformas laboral y de salud, pilares centrales de la agenda del actual gobierno.
La decisión fue interpretada como una estrategia para ejercer presión sobre el Congreso, que ha obstaculizado varias de las reformas propuestas por el Ejecutivo. Con esta nueva consulta, el Gobierno busca que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre temas sensibles que no han logrado avanzar en el Legislativo.
Las preguntas: entre derechos laborales y transformación del sistema de salud
La consulta incluye propuestas como limitar la jornada diurna a 8 horas, formalizar a trabajadores informales, establecer contratos laborales para aprendices del SENA, reconocer licencias por menstruaciones incapacitantes, garantizar la contratación de personas con discapacidad, y eliminar la tercerización.
En materia de salud, se plantea la eliminación de la intermediación financiera de las EPS, la producción estatal de medicamentos y el fortalecimiento de la atención primaria, junto con un nuevo régimen laboral para el personal sanitario.
¿Qué sigue?
De aprobarse en el Congreso, la consulta podría ser votada por la ciudadanía antes del 19 de septiembre. La apuesta del Ejecutivo es ambiciosa: obtener respaldo popular y convertir ese mandato en ley en un plazo máximo de seis meses. Petro ha defendido esta vía como un mecanismo legítimo de democracia directa ante la resistencia institucional a sus reformas estructurales.
Mientras sectores del oficialismo celebran la maniobra como una forma de devolverle el poder decisorio al pueblo, críticos advierten que se trata de una confrontación abierta entre ramas del poder, que podría acentuar la polarización política y jurídica en el país.
