Desde el Gobierno Nacional se han desestimado las recientes afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe, quien acusó a la administración de Gustavo Petro de “destruir el sistema de salud” en Colombia. Para el Ejecutivo, estas declaraciones buscan desinformar y sembrar temor frente a una reforma que tiene como objetivo principal garantizar un sistema más equitativo, universal y transparente.
Reforma necesaria frente a un sistema colapsado
El Gobierno ha reiterado que el sistema de salud colombiano arrastra deficiencias históricas, entre ellas la corrupción en EPS como SaludCoop, cuyo exgerente Carlos Palacino fue condenado recientemente por malos manejos de recursos públicos. Frente a esto, el presidente Petro ha insistido en que el modelo actual privilegia intereses privados por encima del bienestar ciudadano, razón por la cual se está impulsando una reforma centrada en la atención primaria, la territorialización del servicio y el fortalecimiento de la red pública.
Contradicciones en las cifras
Mientras Uribe cuestiona el aumento del 5,4 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), expertos del Ministerio de Salud han explicado que este ajuste responde al contexto fiscal del país y prioriza la sostenibilidad del sistema. Además, el Gobierno ha desmentido que se busque eliminar las EPS de inmediato, señalando que la transición será gradual y basada en criterios técnicos.
Salud como tema electoral
El llamado de Uribe a “cambiar de gobierno en 2026” ha sido interpretado por analistas como un acto anticipado de campaña, en un momento donde la salud se ha vuelto tema central tras los brotes de fiebre amarilla que afectan a más de 15 departamentos. El Gobierno ha respondido con planes de vacunación masiva y medidas de contención, desmintiendo las acusaciones de la oposición sobre un supuesto uso político de la emergencia sanitaria.
