Los ministros de Justicia, Andrés Idárraga, y del Interior, Armando Benedetti en el momento de la radicación del proyecto de ley que penaliza el fentanilo en Colombia.
El Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley ‘por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos’, una iniciativa que incorpora un nuevo delito al Código Penal y refuerza la capacidad del Estado para anticiparse y enfrentar la expansión de esta sustancia en el país.
Durante la radicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto responde a un enfoque preventivo y de control temprano frente al fenómeno del fentanilo
“Este es un proyecto de ley preventivo: buscamos impedir que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países lleguen a Colombia. Todo lo relacionado con su fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación será penalizado con penas que van de 10 a 30 años. Estamos cerrando cualquier posibilidad de que estas estructuras criminales se instalen en el país”.
La iniciativa crea un nuevo artículo en el Código Penal (376A) con penas de 140 a 360 meses de prisión y multas entre 1.334 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes, sin autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen, financien, elaboren o suministren fentanilo.
El proyecto también fortalece los mecanismos de prevención, vigilancia sanitaria y pedagogía pública para reducir los riesgos asociados a esta sustancia.
“Colombia lucha de frente contra el narcotráfico. Invitamos al presidente Trump y al Gobierno estadounidense a ver de cerca cómo estamos destruyendo laboratorios cada 40 minutos y decomisando cifras históricas. Este proyecto de ley es otra muestra de que Colombia no será plataforma ni corredor para el fentanilo”, resaltó el ministro Benedetti.
El ministro de justicia Andrés Idárraga aseguró que “se crea un tipo penal específico para sancionar el tráfico, fabricación, desvío y porte ilegal de fentanilo y análogos, acompañado de agravantes y exclusión de beneficios penales. Con esto se mejora la capacidad de judicialización, se desincentiva el mercado ilícito y se establece una política de cero tolerancia frente al desvío desde el sector salud y entornos vulnerables”.
Dijo además que este proyecto es una muestra más de la lucha contra las drogas que adelanta Colombia y por ello “el Gobierno mantiene la invitación al presidente Trump para que conozca cómo es la lucha contra las drogas, creo que Colombia dista mucho de otros países que Trump está vigilando, porque aquí tenemos una democracia profunda”.
El proyecto refuerza la vigilancia de la cadena de suministro, asigna responsabilidades claras a entidades como Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y fortalece las sanciones para profesionales que usen el fentanilo fuera de la norma.
“Es una respuesta integral que incorpora experiencias internacionales y se anticipa a riesgos que podrían afectar la salud pública y la seguridad del país”, concluyó el ministro.
