Por: Redacción
El ministro de justicia y del derecho, Wilson Ruiz Orejuela, participó en el acto de divulgación de la Ley 2085 de 2021 sobre depuración normativa, que se llevó a cabo este lunes con la presencia del presidente de la República Iván Duque Márquez.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en desarrollo de su función legal de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, impulsó esta estrategia de depuración normativa que busca realizar un inventario de las normas que conforman el ordenamiento jurídico colombiano, y así saber cuáles están obsoletas, en desuso, o que resultan incompatibles con el régimen constitucional actual.
Técnicamente, “la Ley tiene por objeto decidir la pérdida de vigencia integral de un grupo de cuerpos normativos de carácter general, afectados por diversos fenómenos jurídicos de pérdida de vigencia, y derogar expresa e integralmente otro grupo de cuerpos normativos identificados como depurables por las oficinas y dependencias jurídicas de los sectores de la Administración Pública Nacional, así como fomentar la cultura de la legalidad”[i].
Como parte de este proceso, se identificaron las leyes, decretos leyes y decretos legislativos expedidos entre 1864 y 2014 que estuvieran parcial o totalmente vigentes y aquellos que deberían ser expulsados, de forma expresa y definitiva, del ordenamiento jurídico por el Congreso de la República.
Se han derogado expresamente cerca de 7.000 artículos consagrados en 608 normas de carácter general y abstracto sin que, con ello, se afecte ni modifique las situaciones jurídicas concretas, ni los derechos adquiridos que se hayan consolidado durante cada uno de los períodos de vigencia individual, ni las decisiones judiciales ejecutoriadas que se hayan dictado con fundamento en estos cuerpos normativos.
“En el marco de la Ley 2085 de 2021, se ha establecido una articulación y actualización del Sistema Único de Información Normativa SUIN-Juriscol, sistema que deberá publicar cada año el listado de las normas derogadas expresamente, declaradas inconstitucionales o ilegales y el listado de las normas constitucionales y legales que hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de reglamentación”, manifestó el ministro Wilson Ruiz al señalar algunas de las asignaciones definidas en esta ley para el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Entre los principales beneficios que trae la depuración normativa se contempla: el conocimiento por parte de las personas de las reglas de interacción entre la sociedad y el Estado; la concordancia del marco normativo con la realidad jurídica, económica, cultural e histórica del país; conocimiento por parte de los servidores públicos de sus competencias y sanciones por la violación de las normas; los ciudadanos pueden saber cuáles son sus derechos y ante la violación de la Constitución y las leyes, por cuáles conductas debe responder a las autoridades.
Para el Ministerio de Justicia y del Derecho este tipo de estrategias contribuyen al fortalecimiento de una justicia cercana al ciudadano, efectiva, eficiente y que se imparta con la mayor celeridad. Así las cosas, continuará trabajando, desde sus competencias legales, en la modernización y actualización de la justicia en el país.
