En un nuevo giro dentro de la política energética del país, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso que los estratos 4, 5 y 6, así como el sector industrial y comercial, asuman el pago de la deuda generada por la opción tarifaria, mecanismo creado durante la pandemia para congelar los precios del servicio eléctrico.
“Esa es una propuesta que he dejado sobre la mesa y creo que vale la pena revisarla, porque hay unos saldos de la opción tarifaria que le darían caja a las distribuidoras de energía”, afirmó Palma desde Cartagena.
Sin embargo, esta nueva propuesta contradice lo que el propio Gobierno había planteado antes. El 7 de mayo de 2024, en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro fue enfático en señalar que esa deuda debía ser asumida por el Estado.
La opción tarifaria representa una deuda de más de 5 billones de pesos acumulada por generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía tras el congelamiento de tarifas durante la emergencia sanitaria. Hasta agosto de 2024, el saldo pendiente ascendía a $382.822 millones. Aunque se realizó un pago parcial en septiembre, el cobro fue suspendido desde octubre.
En ese mismo contexto, el entonces ministro Andrés Camacho propuso refinanciar la deuda, opción que fue rechazada tajantemente por el presidente Petro:
“Ministro, no se puede refinanciar. Estoy en desacuerdo con usted ahí. Porque eso es tapar un hueco con otro hueco (…) Lo que estamos haciendo es patear el balón para adelante”, dijo el mandatario.
Petro insistió en que el Estado debía asumir el pasivo a través de títulos de deuda pública: “Eso se llama Título de Deuda Pública Nacional”.
No obstante, aquella propuesta quedó en el aire. Hoy, el nuevo ministro Palma plantea un modelo completamente distinto: que los hogares de mayores ingresos y sectores productivos carguen con la deuda durante un periodo de entre 8 y 10 años.
“La solidaridad debe ser la base del sistema tributario. Los que más tienen, más deberían pagar”, justificó Palma.
La propuesta deberá tramitarse como proyecto de ley en el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno del Cambio parece navegar entre contradicciones y promesas incumplidas.
