El reciente decreto del Gobierno Nacional que excluye al Consejo de Estado de la revisión de tutelas contra el Presidente ha desatado una controversia política y jurídica. Aunque desde el Ejecutivo se argumenta que la medida busca “armonizar competencias” y evitar choques entre altas cortes, la oposición lo ha interpretado como un intento por blindar al presidente Gustavo Petro frente a los controles judiciales.
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, radicó una demanda de nulidad contra el decreto, asegurando que este representa una “afrenta al equilibrio de poderes” y una amenaza directa a la independencia judicial. “El Gobierno está desmantelando las instituciones para protegerse de los controles judiciales”, afirmó.
El Consejo de Estado, históricamente encargado de revisar tutelas contra funcionarios del Ejecutivo, queda marginado con esta decisión, lo que ha levantado alarmas entre juristas y sectores de la oposición, que advierten sobre un posible debilitamiento de los mecanismos de control ciudadano.
Mientras tanto, el oficialismo defiende la norma como una reorganización técnica del sistema judicial, en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial. La demanda de Cabal será clave para determinar si esta movida del Gobierno logra sostenerse o si deberá ser revertida en los estrados.
