Tras el hundimiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso, el Gobierno Nacional no se detiene. Actualmente, evalúa una serie de borradores de decretos con los que busca avanzar en los cambios más urgentes en materia de trabajo, sin necesidad de pasar nuevamente por un debate legislativo.
El Ministerio de Trabajo lidera la revisión técnica y jurídica de estos documentos, que incluirían ajustes normativos orientados a mejorar las condiciones laborales, reducir la informalidad y garantizar mayor estabilidad a los trabajadores del país. Según fuentes cercanas al proceso, los decretos estarían enfocados en temas como la regulación de plataformas digitales, los contratos por prestación de servicios, y el fortalecimiento de la inspección laboral.
“Vamos a avanzar en lo que sea posible por vía reglamentaria. Nuestro compromiso con los trabajadores sigue firme”, ha reiterado la ministra de Trabajo en varios escenarios públicos, insistiendo en que el país no puede seguir aplazando transformaciones estructurales en el mercado laboral.
Entre las medidas que se estarían considerando figuran:
• Normas para mejorar las condiciones de los trabajadores vinculados a plataformas tecnológicas.
• Directrices que reduzcan la tercerización indebida.
• Mecanismos para garantizar el pago oportuno y completo de las horas extras y recargos nocturnos.
• Cambios en los contratos por prestación de servicios, especialmente en el sector público.
Aunque los decretos no tienen el alcance integral de una reforma estructural aprobada por el Congreso, el Gobierno confía en que pueden convertirse en herramientas importantes para atender problemáticas urgentes y preparar el camino para una futura discusión legislativa.
Sectores empresariales y sindicales se mantienen atentos al contenido de las medidas. Mientras algunos gremios advierten sobre posibles impactos en la competitividad, las centrales obreras han manifestado su respaldo a cualquier acción que dignifique el trabajo y mejore las condiciones laborales.
Por ahora, el Ejecutivo continúa ajustando los textos jurídicos para que cumplan con los criterios de legalidad y sean viables desde el punto de vista técnico. La expectativa es que algunos de estos decretos empiecen a expedirse en las próximas semanas.
