Una denuncia en poder de la Fiscalía General de la Nación ha puesto nuevamente en entredicho a las altas esferas del poder político en el Caribe colombiano. En el expediente figura el nombre del actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y de una mujer identificada como sobrina del empresario Euclides Torres, reconocido financiador político en la región.
La noticia fue revelada por el diario El Espectador, que tuvo acceso a la denuncia y confirmó que el proceso está siendo examinado por el ente investigador. Según el medio, la sobrina de Torres aparece mencionada en un contexto que podría sugerir relaciones contractuales o de influencia dentro de la administración departamental.
Verano de la Rosa, histórico dirigente liberal, ha sido gobernador en tres periodos no consecutivos y es considerado un aliado político clave del Clan Char. La investigación en su contra comparte similitudes con otra denuncia vigente que involucra al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también bajo la lupa por posibles irregularidades.
❝Negamos categóricamente los hechos❞
Consultada por El Espectador, la Gobernación del Atlántico negó tajantemente las acusaciones y aseguró que el gobernador ha actuado conforme a la ley. La administración calificó la denuncia como “infundada” y parte de una “estrategia de desprestigio”.
Sin embargo, la aparición de una familiar de Euclides Torres —contratista estatal con amplio poder regional— ha despertado inquietudes sobre la profundidad de las redes clientelistas y familiares que históricamente han influido en las decisiones administrativas del Atlántico.
Un caso que sacude al Atlántico
La denuncia se da en un momento en que la justicia ha empezado a avanzar contra figuras que antes parecían intocables. Apenas días atrás, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, y los ojos ahora se vuelcan hacia otros bastiones políticos como el Atlántico.
En los últimos años, la región ha sido epicentro de escándalos como el de la “Casa Blanca”, el proceso contra Arturo Char por compra de votos, y las declaraciones de Aída Merlano que apuntan a una estructura mafiosa enquistada en la política costeña.
Se espera que la Fiscalía decida si formulará imputación formal contra Eduardo Verano.
El caso podría escalar a instancias disciplinarias y fiscales si se confirma el uso indebido de poder o de redes familiares para favorecer intereses privados.
La atención pública y mediática sobre el proceso aumentará en las próximas semanas, especialmente si se produce alguna actuación judicial de fondo.
¿Una justicia que finalmente toca a los poderosos?
Con esta revelación de El Espectador, el debate sobre la impunidad en el Caribe vuelve al primer plano, y pone a prueba el compromiso real de las instituciones con la transparencia y el combate a la corrupción estructural.
