El poder político de la banda criminal de alias Marquitos Figueroa parece aumentar en el departamento de la Guajira pues pese a que el capo se encuentra en la cárcel aún sin definir su situación jurídica, Aunque el señalado capo estuvo a punto de quedar en libertad, por vencimiento de términos en otros procesos, se logró una nueva orden de captura por el asesinato de Oscar Rodríguez, hijo de un prestante ganadero de la Costa.

El Espacio Noticias conoció de muy buena fuente que el Gobernador Nemesio Roys quien al parecer le entrego a Luz Alejandra Figueroa sobrina de Marquitos contratos sin llenar los requisitos legales, pasando por encima a las empresa licitantes que si cumplieron con la ley.

Uno de los contratos sobre pasan los 1.200 millones de pesos, según lo establecido por este medio el objetivo del proyecto tiene que ver  con el apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera al proyecto apoyo al acceso y permanencia al nivel de educación para la formación profesional de los jóvenes pertenecientes a la población Ned (necesidades educativas diversas).

Esto pone en evidencia al Gobernador de ese departamento, sobre sus supuestos vínculos con este grupo ilegal señalado de centenares de asesinatos así como con actividades de narcotráfico y contrabando en la Región.

Mientras las victimas piden justicia la organización de Marquitos Figueroa y del exgobernador Juan Francisco Kiko Gómez hoy purgando una pena de más de 55 años de prisión por triple homicidio, en la cárcel la Picota de Bogotá, aun maneja el poder Político y sigue controlando el erario público desde la cárcel según lo manifestado por una fuente consultada.

Lo cierto es que nadie se escapa de las garras de esta empresa criminal pues mientras siga ejerciendo el poder tanto en las instituciones del estado como en la política será cada dia difícil debilitarla y el terror y las intimidaciones no cesaran en esta zona del país.

En dialogo con uno de los afectados  que por razone de seguridad se le reserva su identidad, pide a la Fiscalía y a los entes de control que si aún les queda un poco de transparencia y autonomía pongan en la lupa los contratos que están terminando en manos de la mafias delincuenciales sin ningún beneficios para la comunidad.