Cañaverales busca ser sujeto de derechos
El sur de La Guajira vive una nueva discusión ambiental que podría convertirse en un precedente nacional. El Manantial de Cañaverales, un ecosistema frágil y vital para las comunidades rurales de San Juan del Cesar, entró en el centro de un debate judicial después de que el abogado Jesús Arnulfo Cobo García interpusiera una acción popular para evitar que un proyecto minero de carbón avance sobre su área de influencia. Su petición va más allá de suspender la actividad extractiva: busca que este manantial sea reconocido como sujeto de derechos, una figura que otorgaría protección especial y que ya ha sido aplicada en casos como el Río Atrato, la Amazonía y, recientemente, el Páramo de Santurbán.
La acción popular fue admitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que además abrió estudio sobre una medida cautelar que podría frenar de inmediato cualquier avance de la empresa minera Best Coal Company S.A.S., responsable del proyecto Cañaverales. Aunque el proyecto todavía no cuenta con licencia ambiental, sí tiene aprobado su Programa de Trabajos y Obras por parte de la Agencia Nacional de Minería, lo que para muchos significa la antesala de una explotación a cielo abierto en una zona ambientalmente sensible.
El Manantial de Cañaverales no es un cuerpo de agua cualquiera. Forma parte de un relicto de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país y declarado Reserva Forestal Protectora por Corpoguajira desde 2012. Es la fuente de vida de familias campesinas, de pequeños acueductos y de la estabilidad ecológica de la región. Cualquier alteración en su caudal o una contaminación mínima podría desencadenar daños irreversibles para el entorno y la comunidad.
Las alertas no surgieron solo de la ciudadanía. El Servicio Geológico Colombiano, autoridad científica del país, revisó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero y encontró vacíos críticos en la información relacionada con la hidrogeología, la geotecnia, la relación entre las aguas subterráneas y el manantial, los riesgos de contaminación por drenaje ácido y la estimación real de impactos sobre la biodiversidad. En su concepto técnico pidió aplicar el principio de precaución, pues no existe evidencia suficiente que permita garantizar que el proyecto no afectará el manantial. La falta de certeza científica, en este caso, es una señal de alarma.
Para el abogado Cobo, estos elementos justifican plenamente la medida cautelar y el reconocimiento del manantial como sujeto de derechos. Afirma que se trata de un ecosistema estratégico cuya destrucción sería irreparable, y que la actividad minera, al colindar con la Reserva Forestal Protectora, representa un riesgo que la justicia no puede ignorar.
Corpoguajira, por su parte, respondió formalmente que el proyecto aún no tiene licencia ambiental y que ninguna intervención está autorizada. Sin embargo, en la zona persiste la percepción de que la empresa ya ha movilizado maquinaria y personal, dejando todo preparado para iniciar operaciones apenas se otorgue el permiso. Para las comunidades, esto incrementa la sensación de urgencia y vulnerabilidad.
El Tribunal de La Guajira estudia ahora si suspende o no el auto que aprobó el Programa de Trabajos y Obras de la empresa minera. La decisión que tome en las próximas semanas será determinante. De otorgarse la medida cautelar, el proyecto quedará detenido mientras se revisa la totalidad del expediente. Y de acceder a la solicitud de fondo, el Manantial de Cañaverales podría convertirse en un nuevo sujeto de derechos en el país, con una ruta de protección jurídica similar a la del Río Atrato, la Amazonía o Santurbán.
Más allá de lo jurídico, este caso representa una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo en La Guajira. Para una región históricamente golpeada por la escasez de agua, la minería y la desigualdad, la protección de un manantial no es solo un asunto ambiental: es un asunto de supervivencia. Las comunidades esperan que la justicia escuche su voz y actúe antes de que sea demasiado tarde.
