El espacio noticias tuvo acceso a documentos oficiales que evidencian preocupaciones internas frente a la implementación del Modelo Único de Investigaciones Financieras en la Fiscalía General de la Nación. La medida, adoptada mediante la Resolución 007 del 26 de febrero de 2025, ha generado cuestionamientos por parte de varias organizaciones sindicales de trabajadores judiciales.
A las nuevas tormenta institucional, que enfrenta la Fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo en base a denuncias por improvisación en la reestructuración del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se suma ahora un fuerte reclamo sindical: la creación de “mini-CTI” al margen de la estructura nacional, con efectos regresivos sobre la investigación penal.
En un derecho de petición firmado por cinco organizaciones sindicales, se exige el decaimiento inmediato de la Resolución 007 del 26 de febrero de 2025 y una reunión urgente con la Fiscal General.
Fragmentación institucional: “Cada fiscal con su propio CTI”
Los sindicatos advierten que la nueva resolución promueve la creación de estructuras paralelas dentro de la Policía Judicial, al permitir que cada fiscal o director de área tenga un grupo propio de investigadores, desconectado del control técnico central.
Esta fragmentación comprometería la calidad probatoria, debilita el enfoque macrocriminal y rompe la articulación nacional necesaria para enfrentar redes delictivas complejas.
“Crear CTI paralelos genera que el organismo se atomice y debilite, antes que fortalecerse”, dice el documento.
Riesgo de presiones indebidas
Otro de los aspectos destacados en el documento es la preocupación por la relación directa entre los investigadores y los despachos fiscales, lo cual, según los sindicatos, podría comprometer la autonomía técnica del CTI y generar presiones indebidas en el desarrollo de las investigaciones.
«La crisis en la Fiscalía ya está ocurriendo». Una fuente dentro de la entidad lo resume sin rodeos:
“Estamos trabajando con las manos amarradas y bajo la amenaza de unos jefes sin conocimiento ni experiencia. El concurso que están impulsando no reconoce la trayectoria ni la experiencia de los fiscales más antiguos. La gente se está yendo, cansada del maltrato de los mandos medios. Se está perdiendo capacidad operativa y experiencia clave.”
Según esta voz interna, los nuevos liderazgos desprecian la experiencia y promueven decisiones que ya han demostrado ser fallidas. Pero eso no importa: “se las saben todas”, aunque la realidad diga otra cosa.
Mientras tanto, quienes aún trabajan con compromiso en la Fiscalía enfrentan una doble presión: improvisación desde arriba y desgaste desde adentro.
La fractura institucional es real. Y su costo, cada vez más alto. Asegura la fuente.
El modelo que se pretende imponer, señalan los firmantes, rompe la independencia del investigador judicial, al subordinarlo directamente al fiscal del caso. Esto, además de generar presiones indebidas, pone en riesgo la imparcialidad de los procesos y puede facilitar la manipulación de la prueba.
“Ya vimos en el pasado cómo esta práctica cobró la vida de compañeros. La historia no puede repetirse”, advierten, citando experiencias trágicas de la justicia regional.
«El aislamiento operativo también debilita la protección institucional de los funcionarios en regiones con fuerte presencia de economías criminales».
Violación de acuerdos sindicales y exigencia de reversa
La Resolución 007, dicen los sindicatos, viola directamente el Acuerdo de 2021, firmado entre la administración y los trabajadores, que comprometía a la Fiscalía a mantener un CTI unificado y técnicamente independiente.
“Esta reforma se impuso sin socialización previa, como lo exige el acuerdo sindical. Además, es regresiva y atenta contra la eficiencia operativa del sistema penal”, afirma el derecho de petición.
Por eso, los sindicatos exigen:
La revocatoria inmediata del acto administrativo.
Una reunión urgente con la Fiscal General Luz Adriana Camargo y el Director Nacional del CTI.
Según los firmantes, esta modalidad podría afectar el funcionamiento articulado de la Policía Judicial, dificultar el análisis macro-criminal, e introducir riesgos en la estandarización de metodologías de investigación.
Este modelo supuestamente arbitrario de la fiscal Camargo pone en evidencia una Fiscalía fracturada, en la que decisiones clave se están tomando sin diálogo con el personal técnico ni con los sindicatos. Y todo indica que, si no se revierte el rumbo, la capacidad investigativa del Estado puede quedar gravemente comprometida.
“Subordinar a los investigadores directamente a un despacho fiscal pone en serio riesgo su objetividad, crea presión indebida y vulnera el debido proceso”.
Hasta la fecha no se ha conocido respuesta pública por parte de la Fiscal General de la Nación, se espera que está medida no beneficie a los criminales en futuros procesos judiciales.
