El fiscal Gabriel Ramón Jaimes, recordado por su controvertida solicitud de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vuelve a ser blanco de críticas públicas, esta vez por un trino del periodista Ernesto Yamhure que generó una airada reacción por parte de su defensa.
El abogado Juan Manuel Castellanos Ovalle, quien representa a Jaimes desde hace años, emitió un comunicado exigiendo una rectificación inmediata de las afirmaciones de Yamhure, calificándolas de «falsas, tendenciosas y sin soporte probatorio». La solicitud fue enviada por correo el 20 de mayo, un día después del trino que vinculaba a Jaimes con el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, insinuando relaciones que afectarían su independencia como fiscal.
Más allá del cruce de declaraciones, el caso revela las grietas profundas en la credibilidad del fiscal Jaimes, especialmente por su papel en decisiones judiciales de alto impacto que según el periodista Yamhure han beneficiado a figuras políticas cuestionadas. La defensa, en un tono de advertencia, denunció una “persecución política y jurídica” en su contra, aunque no es la primera vez que Jaimes está en el ojo de las críticas recurrentes que señalan presuntos favoritismos dentro de su actuación institucional.
Un historial de controversias
Entre los escándalos que han rodeado a Gabriel Jaimes, destacan:
La solicitud de preclusión a favor de Álvaro Uribe: Presentada en 2021, fue vista por diversos juristas y analistas como jurídicamente débil y políticamente motivada. Aunque no fue aceptada por la jueza del caso, Jaimes nunca enfrentó consecuencias internas, lo que generó dudas sobre la imparcialidad dentro de la Fiscalía General.
Supuestos acercamientos con sectores políticos del uribismo: Jaimes ha sido señalado de tener una cercanía ideológica con el expresidente Uribe y su entorno. Críticos han cuestionado su objetividad en casos relacionados con figuras del Centro Democrático.
Cuestionamientos sobre su ascenso en la Fiscalía: Aunque su hoja de vida muestra más de 28 años de servicio, ha sido señalado de haber recibido nombramientos estratégicos en momentos clave, coincidiendo con intereses de poder político.
Distintos medios y ONG han criticado su pasividad en investigaciones sensibles, como casos de corrupción que tocan a aliados políticos del gobierno anterior.
Pero nada de esos señalamientos se han demostrados, por lo que algunos se preguntan será ¿Persecución o crisis de legitimidad?
El comunicado de su defensa, al acusar “persecución jurídica y política”, busca limpiar la imagen de los señalamientos estructurales. Aunque su abogado recalca que Jaimes actuó conforme a la Ley 906 en el caso Uribe, lo cierto es que la opinión pública sigue dividida, y muchos observadores no han olvidado su intento de cerrar un proceso que, aún hoy, genera repercusiones institucionales.
A pesar de que la Fiscalía nunca compulsó copias contra Jaimes y de actuar conforme a la ley, lo cierto es que esa actuación ha debilitado su imagen pública. La situación es aún más tensa por la inclusión de Benedetti en la controversia, lo que sugiere una posible conexión política que, aunque no probada, ha encendido las alertas de sectores críticos del gobierno de Gustavo Petro.
Hasta ahora, Ernesto Yamhure no ha emitido respuesta pública, pero su trino sigue generando debate sobre la autonomía de los fiscales, la politización de la justicia y el uso de las redes sociales como escenarios de denuncia o difamación, según quién lo interprete.
El episodio actual no solo expone su frágil relación con la opinión pública, sino también el costo de ejercer justicia en medio de un país profundamente dividido.
