Hoy 28 de julio quedó marcado como una fecha clave en la historia judicial y política de Colombia. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, emitió un fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión se convierte en una de las más relevantes en la historia contemporánea del país. Por primera vez, un expresidente colombiano es declarado culpable en un juicio penal ordinario, tras un proceso largo, complejo y mediáticamente expuesto.
La historia judicial que terminó en condena comenzó hace más de una década, en 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe denunció a su colega Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había llevado al Congreso testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe y a su hermano Santiago con grupos armados ilegales.
En 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que abrió un nuevo expediente, esta vez contra Uribe, al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos para desacreditar al senador Cepeda.
El núcleo de la investigación giró en torno a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar detenido en la cárcel La Picota, quien aseguró haber recibido presiones, a través del abogado Diego Cadena, para cambiar su versión y declarar en favor de Uribe.
Grabaciones, cartas y relojes espía
La evidencia fue extensa y variada. Entre las pruebas más determinantes presentadas en el juicio estuvieron:
- Grabaciones realizadas por Monsalve con una cámara escondida en un reloj, donde se evidenciaban conversaciones con allegados a Uribe.
- Cartas manuscritas del propio Monsalve en las que denunciaba presiones.
- Llamadas interceptadas entre Uribe y su abogado Cadena, donde se discutía la obtención de testimonios.
- Declaraciones de más de 90 testigos, incluyendo exparamilitares, escoltas, exfiscales y agentes del INPEC.
El juicio: más de un año de audiencias
La fase oral del juicio comenzó formalmente en marzo de 2024 y se extendió por más de 16 meses. El expresidente fue imputado oficialmente en octubre de 2023, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano en afrontar un juicio penal en calidad de acusado.
Durante el juicio, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa presentaron extensas exposiciones, decenas de testigos y alegatos. La jueza Heredia escuchó testimonios clave, como el del propio Monsalve, quien ratificó haber sido contactado para “arreglar su versión”.
El fallo: fraude y soborno, pero no todo
En la lectura del sentido del fallo condenatorio la jueza Heredia fue clara y directa. Uribe fue declarado culpable de dos delitos:
- Fraude procesal: al haber inducido a error a la Corte Suprema mediante información y testimonios manipulados para beneficiarse en un proceso judicial.
- Soborno en actuación penal: por haber facilitado, a través de su abogado, ofrecimientos indebidos al testigo Juan Guillermo Monsalve.
Sin embargo, fue absuelto del cargo de soborno simple en el caso de la exfiscal Hilda Niño, al no probarse una promesa concreta de retribución por su testimonio.
La jueza destacó la “estructura consciente y organizada” del accionar de Uribe, quien habría coordinado desde su posición privilegiada un intento por manipular el curso de la justicia.
Reacciones, país dividido
La noticia no tardó en generar reacciones dentro y fuera del país. El senador Iván Cepeda, quien durante más de una década sostuvo la acusación en su contra, se mostró mesurado:
“La verdad es más poderosa que el poder. Esta es una victoria de las instituciones, no de una persona.”
Del otro lado, el expresidente Uribe calificó el fallo como “político, injusto y producto de una persecución”. A través de un video, reafirmó su inocencia y anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Miembros del partido Centro Democrático denunciaron la “judicialización de la política”, mientras sectores progresistas celebraron el fallo como una victoria del Estado de derecho.
Un eco internacional
El proceso ha sido cubierto por los principales medios del mundo, desde BBC hasta The New York Times. El País de España lo llamó “el juicio del siglo en Colombia” y destacó que el caso representa un “quiebre en la tradición de impunidad frente al poder”.
Aunque el sentido del fallo ya fue emitido, la condena concreta es decir, el número de años de prisión será fijada en las próximas semanas en una nueva audiencia.
Expertos estiman que la pena podría estar entre 6 y 12 años de prisión. Por razones de edad y salud, Uribe podría solicitar detención domiciliaria, una figura contemplada por la ley.
Además, la defensa ha confirmado que acudirá a instancias de apelación, por lo que el caso no ha terminado. Podría escalar incluso hasta la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiendo de los próximos fallos. Más allá del resultado judicial, el caso Uribe obliga a Colombia a mirar de frente su institucionalidad. ¿Puede un país juzgar a sus líderes con garantías? ¿Es posible hablar de justicia sin polarización?
Sea cual sea la posición frente a Uribe, su figura ha marcado a Colombia desde comienzos del siglo XXI. Hoy, con una condena en su contra, el país escribe un nuevo capítulo donde los símbolos del poder son sometidos al mismo rasero de la ley que cualquier otro ciudadano.
