En una audiencia seguida con atención en los círculos judiciales y políticos del país, el juez tercero penal del circuito de Bogotá, Fabián Moreno, profirió este 15 de agosto el sentido de fallo contra el abogado Diego Cadena, recordado por ser el hombre de confianza jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El jurista fue hallado culpable por el delito de soborno en actuación penal en el caso que involucra al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien denunció haber recibido presiones para modificar su testimonio en contra del expresidente. El fallo se sustentó en pruebas técnicas, entre ellas grabaciones obtenidas con un reloj espía que confirmaron las ofertas de beneficios judiciales realizadas por Cadena.

En contraste, el juez decidió absolverlo en el proceso relacionado con Carlos Enrique Vélez, también exparamilitar, al considerar que existía duda razonable sobre si los giros de dinero que recibió correspondían a pagos por su testimonio o, como alegó la defensa, a simples “ayudas humanitarias”.

Pese a la condena, el despacho judicial determinó que Cadena podrá seguir en libertad mientras avanza la apelación, al no evidenciarse riesgos de fuga ni de obstrucción de la justicia.

Reacciones inmediatas

El fallo dividió opiniones en el terreno político y jurídico:

Centro Democrático, colectividad fundada por el expresidente Uribe, cuestionó la decisión, señalando inconsistencias en la valoración probatoria. “La absolución en el caso Vélez rompe con la lógica del fallo y demuestra que la justicia aplica criterios distintos para situaciones semejantes”, expresó la colectividad en un comunicado.

Desde sectores críticos del uribismo, la condena a Cadena fue interpretada como una confirmación de la existencia de una estrategia para manipular testigos con el fin de favorecer la defensa del expresidente.

Por su parte, Álvaro Uribe —recientemente condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal— insistió en su narrativa de persecución política. “Se trata de un caso de lawfare; a Cadena lo utilizan para reforzar una injusticia en mi contra”, afirmó en sus redes sociales.

El proceso contra Cadena no solo pone en entredicho la ética profesional de uno de los abogados más visibles de la última década, sino que también se conecta de manera directa con el futuro judicial de Uribe Vélez, cuya defensa insiste en que Cadena actuó por cuenta propia.

En el horizonte inmediato, el caso se trasladará a la fase de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde tanto la defensa como la Fiscalía buscarán ajustar los alcances de la decisión.

Mientras tanto, el país político observa con atención el desenlace de dos procesos que, por su trasfondo y protagonistas, han marcado un antes y un después en la relación entre justicia y poder en Colombia.