Un escándalo de corrupción sacude a la Policía Nacional en la región Caribe. Noticias Uno reveló este fin de semana que un uniformado activo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) confesó haber recibido sobornos junto a sus compañeros para permitir el paso de mercancías de contrabando en Barranquilla. Las declaraciones, grabadas en video, destapan una red interna que habría operado durante meses a favor de traficantes ilegales.
En el video divulgado, el agente cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, admite sin rodeos que él y sus colegas recibían dinero de los contrabandistas para no efectuar decomisos ni controles aduaneros. A cambio, dejaban circular libremente camiones cargados con licores, textiles, electrodomésticos y otras mercancías provenientes del exterior sin registro legal.
“Nos decían qué ruta iban a tomar, y nos pasaban el dinero por adelantado. Así evitábamos el procedimiento”, reconoce el uniformado en el material difundido.
La confesión fue entregada, según Noticias Uno, como parte de un proceso judicial en curso que busca desmontar redes de corrupción dentro de las fuerzas policiales adscritas a la DIAN.
Una estructura criminal dentro del Estado
La gravedad del caso radica en que no se trata de un hecho aislado. Las autoridades judiciales y periodistas que siguen el caso advierten que se está frente a una estructura organizada de corrupción institucional, donde varios miembros de la POLFA habrían actuado en complicidad con redes de contrabando de gran escala.
La denuncia coincide con informes previos de organizaciones veedoras que alertaban sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y mafias del contrabando que operan en los puertos del Atlántico y en las zonas francas.
A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento no se han anunciado capturas ni sanciones disciplinarias por parte de la Policía Nacional o del Ministerio de Defensa. El silencio oficial ha generado malestar entre ciudadanos, empresarios y gremios legales de importadores que reclaman mayor control y transparencia.
Desde El Espacio Noticias consultamos con voceros del sector comercio en Barranquilla, quienes manifestaron su preocupación por el daño que estos hechos causan a la economía formal.
“Mientras unos pagan impuestos y cumplen las reglas, otros compran impunidad con billetes. El Estado no puede seguir siendo cómplice”, señaló un empresario afectado por la competencia desleal
La Fiscalía General de la Nación ha sido notificada del caso y, según fuentes extraoficiales, ya habría iniciado la recolección de pruebas. Se espera que en los próximos días se formalicen imputaciones por cohecho, concierto para delinquir y omisión de funciones públicas, delitos que podrían acarrear penas superiores a los 10 años de cárcel.
Además, organizaciones como Transparencia por Colombia y la Red de Veedurías Ciudadanas han exigido una intervención urgente en la POLFA y la apertura de auditorías externas que garanticen la depuración de la entidad.
El contrabando en Colombia mueve miles de millones de pesos al año. Barranquilla, por su ubicación estratégica y su zona portuaria, se ha convertido en uno de los principales focos de ingreso de mercancía ilegal. Según cifras de la DIAN, en 2024 se decomisaron más de 100 mil millones de pesos en productos sin legalización solo en la región Caribe.
La connivencia entre autoridades y criminales, como lo evidencian estos hechos, pone en riesgo la seguridad económica del país y socava los principios de legalidad y justicia.
Un informe del periodista Enrique Tapias de Noticias Uno vea la nota completa :
