Unidad Investigativa | El Espacio Noticias
Un video exclusivo obtenido por El Espacio Noticias revela lo que podría ser una de las actuaciones administrativas más graves y polémicas ocurridas en Melgar, Tolima, en los últimos años. El Inspector Segundo de Policía, Edwin Leonardo Peña, aparece liderando un operativo de desalojo forzado en la finca El Rodeo, pese a estar legalmente impedido por recusación y por decisiones judiciales de segunda y tercera instancia.
El operativo, realizado hoy 11 de julio, pone en riesgo no solo la seguridad jurídica de la familia afectada, sino la vida de varios firmantes del Acuerdo de Paz que se encontraban en el predio y que habían denunciado amenazas.
Video exclusivo en poder de este medio confirma el ingreso al predio con fuerza pública, en medio de gritos de protesta y ausencia de control institucional.
El Rodeo: una finca con historia, conflicto y poder
La finca El Rodeo, ubicada a las afueras del municipio de Melgar, ha sido por décadas una de las propiedades rurales más representativas de la zona. Su extensión estratégica, sus fuentes hídricas y su cercanía a la autopista nacional la han convertido en un bien codiciado por empresarios, políticos y estructuras dedicadas al tráfico de tierras.
Históricamente, ha sido propiedad de la familia Barragán, reconocida en la región por su arraigo campesino y defensa del uso agrícola del territorio. En los últimos años, esta familia permitió que en una parte del predio se instalaran firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, con el acompañamiento de organizaciones civiles y presencia intermitente de la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras.
Sin embargo, desde 2023 comenzó una persecución sistemática contra los ocupantes, encabezada por personas que alegan falsos títulos de propiedad. Entre ellos figuran Pedro Ruiz Piñeros y Jairo Méndez, alias “El Mosco”, conocidos en la zona por sus antecedentes en despojo, amenazas e incluso vínculos con redes de falsificación de escrituras.
El abogado Ignacio A. Díaz Tavera advirtió formalmente mediante escrito que el Inspector Peña se encontraba impedido por recusación aceptada, y que cualquier actuación suya sería contraria a la ley. Además, el expediente del caso ya se encontraba bajo revisión de instancias judiciales superiores, que habían ordenado la suspensión de toda medida de policía.
A pesar de esto, el inspector lideró el desalojo sin orden judicial, sin acompañamiento del Ministerio Público y en flagrante desacato a múltiples fallos judiciales, incluyendo uno de la Corte Suprema de Justicia.
Corrupción, impunidad y favores políticos?
Testimonios recabados por este medio en Melgar coinciden: el inspector Peña habría recibido 500 millones de pesos y una camioneta Toyota de alta gama como pago para ejecutar el desalojo. El dinero, afirman, proviene de una red de despojadores de tierra que pretenden adueñarse de El Rodeo con fines de especulación inmobiliaria y lavado de activos.
Peña no actuaría solo. Una abogada identificada como Claudia Patricia y el perito Phillips Rodríguez serían sus cómplices. Esta red de complicidad ha sido denunciada en múltiples oportunidades, pero todas las quejas han sido archivadas por presión política del congresista Alejandro Martínez Sánchez, quien —según denuncias locales— protege al inspector a cambio de favores económicos y electorales.
Elecciones atípicas y dinero para campañas?
Aún más preocupante es que el inspector habría justificado su actuación diciendo que necesita “recoger fondos para ayudarle a la campaña” de la esposa del exalcalde Rodrigo Hernández, Yolanda Pérez hoy candidata en las elecciones atípicas del 7 de agosto en Melgar. Hernández fue destituido recientemente, y su entorno busca mantenerse en el poder, según denuncian líderes sociales del municipio.
Un asesinato que marca el punto más crítico del conflicto en El Rodeo
Uno de los hechos más alarmantes y sensibles de este caso ocurrió el pasado 10 de julio de 2025, apenas un día antes del desalojo ejecutado por orden del inspector Edwin Leonardo Peña. Ese día fue hallado el cuerpo sin vida de un firmante del Acuerdo de Paz que residía en uno de los sectores de la finca El Rodeo, junto a otras personas acogidas al proceso de reincorporación.
El cadáver fue encontrado flotando en aguas del río Sumapaz, en un tramo cercano a la zona rural de Melgar, con claros signos de violencia. Según fuentes de la comunidad y líderes sociales consultados por este medio, la víctima había denunciado amenazas de muerte por parte de los mismos actores que hoy figuran como impulsores del desalojo: Pedro Ruiz Piñeros y Jairo Méndez alias ‘El Mosco’.
El firmante de paz —cuya identidad se mantiene bajo reserva por respeto a sus familiares— había solicitado medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Personería Municipal. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta efectiva por parte del Estado, pese a estar bajo una figura de especial protección por su condición de excombatiente acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este crimen, aún no esclarecido, agudiza las sospechas de una posible conexión entre los hechos de violencia, el conflicto por la propiedad de la finca y las actuaciones irregulares de funcionarios públicos en el marco de esta disputa territorial.
Llamado urgente a las autoridades
La familia Barragán, reconocida propietaria de la finca El Rodeo en Melgar, Tolima, denunció haber sido víctima de una persecución sistemática, marcada por hostigamientos, decisiones administrativas ilegales y desconocimiento de fallos judiciales vigentes. Tras el operativo de desalojo realizado por la inspección de policía de Melgar y hacen un llamado urgente a las autoridades del Estado para que actúen con firmeza frente a lo que consideran un grave caso de abuso de poder y corrupción institucionalizada.
A la Fiscalía General de la Nación, para que inicie de inmediato una investigación penal contra el Inspector Edwin Leonardo Peña, así como contra los presuntos integrantes de una red de apoyo que habría facilitado actuaciones contrarias a la ley.
Así como a la Procuraduría General de la Nación, para que suspenda de manera preventiva al inspector implicado, e impulse las acciones disciplinarias correspondientes por posible prevaricato, abuso de poder e incumplimiento de deberes funcionales.
Por su parte de le alerta a la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo, para que adopten medidas de protección inmediatas a favor de los firmantes del Acuerdo de Paz que aún se encuentran en el predio El Rodeo, y que han sido objeto de amenazas reiteradas.
El llamado también al Consejo Nacional Electoral, para que investigue posibles irregularidades en la financiación de campañas políticas locales, especialmente si se comprueba que los hechos denunciados estarían relacionados con intereses electorales vinculados al entorno del exalcalde Rodrigo Hernández.
Melgar no puede seguir siendo un territorio sin ley, donde los poderosos usan la autoridad para arrebatar la tierra y silenciar a quienes luchan por ella.
Seguiremos investigando y visibilizando la verdad.
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