En estos últimos días, se han dado una serie de eventos que tienen que ver con el manejo administrativo y presupuestal del país. El primero la suspensión de la licitación para fabricar los pasaportes colombianos por parte del ministro Álvaro Leyva ante solicitud del presidente Petro, de no adjudicar contratos con un solo proponente. Hecho que se contradice al haberle adjudicado el gobierno a la única firma que se presento a la licitación del Canal del Dique “SACYR” de España por $3.25 billones.
El segundo la orden que recibió la ministra de Deportes, de no girar los US$4 millones, el 30 de diciembre a la firma Panam Sport, lo que trajo como consecuencia que se cancelaran los juegos “Panamericanos” a realizarse en la ciudad de Barranquilla. El tercero, una bomba, el Decreto de Liquidación No 2295 del 29 de diciembre de 20232, del PGN 2024. En este Decreto firmado por el ministro de Hacienda se cometió el “error” de incluir en el anexo del presupuesto una partida de inversión global por el valor de $13 billones, en el ministerio de Transporte.
No discriminaron en que proyectos se iban a invertir esos recursos. Un error imperdonable, por una sencilla razón: el presupuesto de inversión lo elabora el DNP con su personal especializado en esa área, con los otros ministerios. Una vez elaborado lo presenta al Congreso para su discusión y aprobación. Una vez aprobado el presupuesto es obligación del gobierno de “regionalizar” la inversión, la cual es aprobada por el Congreso.
Para elaborar el Decreto de Liquidación, hay que seguir los pasos establecidos en el artículo 67, del Decreto Ley 111 de 1.996, y respetar los artículos 339 y 341 de la CN. Lo único que tenía que hacer el gobierno era copiar textualmente en el Decreto de Liquidación el PGN aprobado por el Congreso, y en un documento anexo incluir lo aprobado por inversión general y regionalizada.
No lo hicieron así, y eso ha motivado una controversia en el país, dado que creo sin temor a equivocarme que nunca se había presentado esa situación. La discusión se viene dando en varios términos, jurídicos, procedimentales, presupuestales y la voz disidente de las entidades territoriales que se sienten lesionadas al desconocer los proyectos de inversión con su financiación que fueron aprobados e incluidos en el PGN, y que ahora al incluir una partida global por $13 billones, no hay forma de que esos recursos le puedan llegar.
El camino para resolver este impase, es sacar un Decreto de “yerros” lo antes posible, para evitar por una parte que demanden el Decreto 2295, ante la Corte Constitucional por violar los artículos 339 y 341, y ante el Consejo de Estado por violar la constitución y la ley.
Consecuencias de ese error
Antes, las declaraciones del presidente Petro en un medio de comunicación afirmando que los mandos medios, que no fueron nombrados por su gobierno estaban saboteando el manejo del presupuesto, la Directora General del Presupuesto Claudia Numa Páez renunció a partir del día 15 de febrero, al igual que lo hizo la semana anterior el director del DNP, supuestamente por el mismo tema y otras diferencias con el señor Presidente Gustavo Petro. También la firma calificadora Fitch Ratings expresó su preocupación por los “yerros” en el PGN, y sus efectos en las vigencias futuras excepcionales base para financiar los proyectos de inversión, y pide solucionar ese problema lo antes posible. Igualmente se han pronunciado los gremios vinculados con el sector de infraestructura y otras agremiaciones.
Este “error Ha generado todo tipo de comentarios, especialmente en el Departamento de Antioquía, en el Distrito Capital y en el Departamento del Atlántico por parte de los mandatarios, los medios de comunicación y las redes sociales. Estamos hablando de $13 billones, a los cuales habría que sumarles los de Invías, para vías primarias($2.489bill), secundarias y terciarias ($1,462 bill). Que también están globalizados.
No hay duda, que el Departamento más afectado es Antioquía, a quién le habían asignado en el PGN aprobado por el Congreso la suma de $3.7 billones, de pesos, un 28.5%, del total de recursos globalizados para inversión $13 billones. Entre las obras afectadas se encuentran: 1) Autopista al Mar 1 y 2 $1.023, billones ,2) Conexión Pacífica 1,2 y 3 $708.848 millones,3) Autopista prosperidad $371.376millones, 4) Autopista Río Magdalena 2 $357.323 millones, y el túnel el “Toyo” $340.000 millones.
A Bogotá, se le asignaron $776.140 millones, para el Metro y $107.472 millones, para la Transversal 13.
Al Atlántico, nos asignaron $372.533 millones. Cifra que, en la práctica, tal como lo demostramos en el documento que publicamos el 30 de noviembre de 2023 “Inversión Regionalizada Atlántico 2024. Caso Atlántico” no tenemos la certeza que esa cifra se invierta realmente en el Departamento .Las obras son: Corredor Barranquilla-Cartagena, Vía de la Prosperidad $165.163 millones, Puerto de Hierro-Palmar de Varela $19.364 millones; en la página 51 del PGN de inversión aparecer una partida por $8.107 millones, para el mantenimiento de las vías para la trasversal del Caribe, unos $6.805 millones para conservación de vías alternas a las troncales; Canal del Dique $39.379 millones, y caminos comunales $30.442 millones.
El “error” cometido por el ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, al no discriminar el presupuesto de inversión del ministerio de Transporte, al igual que otras actitudes del presidente como la de diferenciar a los mandatarios actuales entre amigos del gobierno y oposición, agilizó el debate sobre el centralismso imperante en Colombia, y justamente liderado ese malestar por el Departamento de Colombia que más recursos recibe del PGN “Antioquía”.
De ahí, que se escuchen voces de Federalismo, de Regiones Autonómicas, de la creación de la RET, complementadas con el lanzamiento de la “Liga Caribe” por parte del ex alcalde Jaime Pumarejo que lucha por conseguir una mejor distribución del SGP de los ingresos corrientes de la nación, de cuyos recursos el gobierno central se queda con el 74%, de dichos recursos.
Distribución injusta desde todo punto de vista, y que los constituyentes del 91, liderados por Carlos Rodado Noriega en la Comisión Quinta de la Constituyente, y apoyado con los constituyentes Eduardo Verano (Comisión Segunda Ordenamiento Territorial), y Guillermo Perry (Comisión Quinta), dieron la pelea para conseguir que a las entidades territoriales le asignaran el 46%, de los ICN, y lo consiguieron.
Hoy la propuesta que tuvo acogida en el foro sobre “Regiones Autonómicas” del Congreso celebrado en Barranquilla, hecha por Jaime Pumarejo toma fuerza, al contar con el respaldo del gobernador Verano, como de todos los mandatarios de conseguir que el monto a entregarle a las entidades territoriales sea del 50%.
Finalmente, señor presidente Gustavo Petro, si hay algo que ha caracterizado al país, es un buen manejo de las variables macroeconómicas, como la del PGN y eso se ha logrado con una carrera Administrativa existente que permite que profesionales capacitados ocupen los cargos, sin tener que deberle favor alguno a ningún parlamentario o gobernante de turno. Lo he escuchado varias veces de tratar de echarle la culpa a los funcionarios de carrera, como la reciente que dio en Blu Radio, donde culpa a los funcionarios de haber bloqueado por un mes el presupuesto de Educación, justamente el ministerio con la mejor ejecución del presupuesto un 97%.
Debe reconocerse que se equivocaron, que estamos en un Estado Social de Derecho, que tiene una constitución política y unas leyes que todos debemos acatar y respetar
Entienda que la situación económica y social nuestra no es de las mejores, tenemos muchos problemas que resolver, por lo que no tiene sentido echarle más leña al fuego. Los colombianos esperamos que usted cumpla con sus promesas, pero en el marco jurídico existente. Si a Usted no está de acuerdo con la carrera administrativa, o con el Decreto 111 de 1.996, o cualquiera ley o Decreto existente presente sus propuestas de reforma, para que sean estudiadas en el Congreso de la república.
Al presidente Duque, se le critico en su momento su actitud ante el gobernador del Magdalena y la alcaldesa de Santa Marta, los discriminó y persiguió. No esperamos que Usted haga lo mismos con las autoridades territoriales elegidas democráticamente que no comparten sus ideas. Colombia es una sola. Es un país de regiones identificadas, las cuales cuentan cada región con su RAP, e incluso hay una región Metropolitana la de Bogotá y Cundinamarca.
Compartimos su deseo de fortalecer a las entidades territoriales más débiles, no dudamos de su apoyo a la reforma del SGP, la descentralización administrativa y financiera es el camino para poder lograr la paz que tanto anhelamos los colombianos, solo descentralizando recurso y competencias tendremos una reforma agraria integral tan justa y necesaria para brindarnos seguridad alimentaria que tanto la necesitamos.
Por último, decirle respetuosamente que no quienes difieren de Usted, en algunos temas significa que sean sus enemigos. Esa es la democracia decir las cosas con libertad, pero con argumentos. Entienda que los funcionarios públicos de manejo tienen responsabilidad y deben respetar las leyes. No siempre pueden decirle si a todo. Cualquier desvió de ellos, les puede implicar sanciones disciplinarias o penales dependiendo del caso. Ellos son los que tienen que responder, como lo es el caso de los ministros de Relaciones exteriores y del Deporte, quienes les dieron cumplimiento a unas instrucciones suyas, que al aplicarlas le han podido causar detrimento patrimonial al país.
UN FUNCIONARIO PÚBLICO O DE CARRERA NO PUEDE DECIRLE SI A TODO
