Exclusiva de El Espacio Noticias: documentos revelan contratos irregulares en la E.S.E. Universitaria del Atlántico
Este medio de comunicación tuvo acceso en exclusiva a los documentos oficiales mediante los cuales el Agente Interventor asignado por el gobierno nacional Freddy Socarras, ordenó la terminación inmediata de dos contratos estratégicos de la E.S.E. Universitaria del Atlántico (UNA): el de laboratorio clínico (0002-2023) y el de servicios farmacéuticos (2778-2022).
Las resoluciones 0074 y 0075, fechadas el 23 de septiembre, revelan con detalle un panorama alarmante de irregularidades administrativas, financieras y asistenciales que comprometen la atención de miles de pacientes en el Atlántico.
El documento que destapa la crisis
Según pudo comprobar El Espacio Noticias al revisar los actos administrativos, los hallazgos son contundentes:
La Junta Directiva incumple sus obligaciones legales al no sesionar con la periodicidad exigida.
Pacientes en riesgo por deficiencias graves en urgencias, hospitalización, quirófanos y obstetricia.
Protocolos de seguridad inexistentes y ausencia de rutas diferenciales para víctimas de violencia y comunidades étnicas.
Irregularidades contables: facturas mal registradas, ausencia de provisiones y estados financieros poco confiables.
Carencias críticas en talento humano especializado y dotación biomédica.
El documento señala que estas fallas afectan la sostenibilidad financiera y la seguridad de los servicios de salud, justificando la terminación unilateral de los contratos.
Según de pudo le leer en la resoluciones ordenan:
- Terminar los contratos de laboratorio clínico y farmacia.
- Adelantar su liquidación unilateral.
- Notificar a los contratistas, quienes solo cuentan con 10 días hábiles para interponer recursos de reposición.
Pese a esta posibilidad, la medida ya tiene efecto inmediato.
¿Quién responde?
La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, en curso se inició hace un mes, es decir en agosto de 2025. Aunque no ha logrado frenar las irregularidades a tiempo. Ahora, las preguntas recaen sobre:
Los exdirectivos que avalaron y firmaron los contratos.
Las empresas contratistas que se beneficiaron de los recursos públicos.
El control estatal que permitió que el desorden administrativo llegara a este punto.
Veedurías ciudadanas y líderes sociales exigen que la Procuraduría y la Fiscalía actúen con rapidez para establecer responsabilidades fiscales y penales.
El impacto real
La denuncia no es solo administrativa: detrás de cada irregularidad hay pacientes que no recibieron medicamentos a tiempo, esperaron diagnósticos críticos y fueron atendidos en condiciones indignas.
Lo que revelan las resoluciones obtenidas por El Espacio Noticias confirma lo que muchos denunciaban: la salud pública en el Atlántico fue puesta en riesgo por contratos irregulares y negligencia institucional.
