La polémica estalla en el Consejo Nacional Electoral tras la llegada de Álvaro Echeverry Londoño, exsecretario del presidente Gustavo Petro y ahora flamante magistrado del CNE. Apenas días después de asumir su cargo, Echeverry pidió suspender la investigación que podría destapar una de las más graves irregularidades en la campaña presidencial de 2022.
La investigación, que pone bajo la lupa más de 5.355 millones de pesos en aportes presuntamente no reportados, ha generado un terremoto político. Sindicatos y pagos a testigos electorales hacen parte del escándalo que amenaza con manchar el ascenso de Petro al poder.
El ingreso de Echeverry al CNE, tras la renuncia de César Lorduy (envuelto en un escándalo de acoso sexual), cambió la balanza en el organismo, debilitando a la oposición y encendiendo las alarmas sobre una posible jugada para frenar el proceso.
Pero no todo está dicho. El Consejo de Estado y la Corte Interamericana ya se han pronunciado: el CNE puede investigar, pero no sancionar. Y aunque la Fiscalía archivó una denuncia por prevaricato contra los magistrados, la expectativa crece a medida que se acerca junio de 2025, fecha límite para cerrar este capítulo que podría tener consecuencias históricas.
¿Estamos ante un intento de blindaje político o una legítima defensa institucional? El país observa con lupa.
