¿Depuración necesaria o cacería administrativa? El caso de ATENAS, las sombras de Lost Prevention y el debate sobre el poder sancionatorio del Estado
Por El Espacio Noticias | Investigación Especial
En los últimos días, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció una de las decisiones más contundentes de los últimos años: la suspensión de actividades de cinco empresas de vigilancia privada con sede en Barranquilla. Las resoluciones fueron adoptadas tras auditorías técnicas, jurídicas y operativas en las que se detectaron múltiples irregularidades que, según la entidad, ponían en riesgo la seguridad pública y comprometían la legalidad del sector.
Las empresas afectadas por esta medida sin precedentes son:
- ATENAS Seguridad Privada Ltda.
- Maximus Seguridad Privada Ltda.
- Seguridad Privada Lost Prevention Ltda.
- Blink Seguridad Privada Ltda.
- OL Security Group Ltda.
Según la entidad, se hallaron patrones que podrían comprometer la seguridad ciudadana: contratación de personal no idóneo, deficiencias en los registros de armamento, omisiones en los controles internos y vínculos presuntos de algunos socios con estructuras criminales del Caribe colombiano, como el desaparecido Clan Daza y organizaciones dedicadas al tráfico de armas y lavado de activos.
El informe técnico que sustenta las sanciones fue filtrado parcialmente por medios de comunicación como la revista Semana, que publicó un reportaje en el que se señala que algunas de estas compañías habrían operado como fachadas para permitir que actores criminales accedieran legalmente a armas de fuego y contratos públicos. Sin embargo, ese mismo reportaje ha sido fuertemente cuestionado por expertos, representantes empresariales y especialmente por la compañía ATENAS Seguridad Privada Ltda., cuyo gerente denunció que el medio no verificó adecuadamente la resolución administrativa ni contrastó su versión. Según ATENAS, la publicación incurrió en una generalización irresponsable que los pone al mismo nivel que organizaciones criminales, cuando su caso, afirman, corresponde a inconsistencias administrativas subsanables y no a vínculos con estructuras ilegales.
Mientras algunos sectores aplauden la decisión como una depuración urgente del sector, otros señalan posibles excesos de autoridad, violaciones al debido proceso y afectaciones reputacionales a empresas con trayectoria legal y operación formal.
“Suspensión sin derecho a defensa”
La suspensión de ATENAS Seguridad Privada Ltda. ha sido una de las más controvertidas. Con más de 30 años de operación legal en el país, esta compañía presta servicios de vigilancia fija, escoltas y transporte de valores en varias regiones.
La Superintendencia argumentó que ATENAS incumplió requisitos mínimos relacionados con la idoneidad del personal, el soporte documental de procedimientos internos y el manejo de riesgos. Sin embargo, la decisión se tomó de manera inmediata, sin audiencia previa, ni otorgamiento de plazos para subsanar las supuestas fallas, lo que ha despertado inquietud jurídica y empresarial.
En entrevista exclusiva con El Espacio Noticias, el gerente de ATENAS rompió el silencio:
“Nos están juzgando sin ninguna clase de evidencia concreta. Recibimos una resolución de suspensión, con derecho a reposición, que ya contestamos. Estamos esperando que los entes reguladores revisen cada uno de los puntos. Todo está debidamente soportado”.
El directivo defiende que el armamento de la empresa está legalmente registrado ante el Departamento de Control y Comercio de Armas, que sus permisos están vigentes, y que el personal contratado pasa por filtros de selección avalados por los entes de vigilancia y auditoría:
“Tenemos un protocolo de selección documentado, con controles internos y verificados en fuentes oficiales. Si algún dato judicial aparece posteriormente, no es responsabilidad nuestra. Hacemos la revisión con lo que nos permite el sistema”.
Sobre el impacto humano, fue contundente
“Esta decisión afecta a más de 400 familias directamente, sin contar los proveedores y contratistas. Estamos siendo castigados de manera injusta por errores que ni siquiera fueron verificados con rigurosidad. Esto podría ser un ataque político o un golpe de competencia desleal”.
El gerente también rechazó el reportaje publicado por Semana, donde se sugiere que las empresas sancionadas funcionarían como fachadas criminales:
“No tenemos ningún vínculo, conocimiento ni relación con bandas criminales. Exigimos una rectificación. Ya radicamos un derecho de petición y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias legales para proteger nuestro nombre”,puntualizó el afectado.
Las otras empresas sancionadas: antecedentes, diferencias y controversias mediáticas
Las otras cuatro empresas sancionadas comparten problemáticas similares según la Supervigilancia. Sin embargo, la gravedad de las observaciones varía considerablemente de un caso a otro, algo que ha sido pasado por alto por algunos informes periodísticos. explica el gerente de Atenas.
El caso más emblemático hasta ahora revelado es el de Blink Seguridad Privada Ltda., donde dos mujeres cercanas a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de Los Costeños, figuran en cargos clave dentro de la estructura empresarial. Según un investigador judicial citado por la revista Semana, “Alias La Mona, una de las esposas de Castor, aparece como abogada de Blink, y la otra, alias Dinelli, figura como escolta. Ambas están directamente vinculadas al entramado delictivo y están siendo investigadas desde hace meses”.
Durante operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Supervigilancia, se incautaron 30 armas sin permisos válidos en Blink, y otras 45 fueron dejadas bajo custodia mientras se revisa su legalidad. Algunas de estas armas habrían sido usadas en hechos violentos, incluyendo extorsiones y atentados sicariales, según la fuente.
No obstante, estas declaraciones no coinciden completamente con los informes técnicos de la Superintendencia. Mientras la Fiscalía adelanta investigaciones penales por posible infiltración criminal en algunas compañías como Blink y Lost Prevention, otras empresas como ATENAS, de acuerdo con los documentos revisados por este medio de comunicación, presentan fallas de tipo administrativo y subsanables, sin evidencia que las vincule directamente con estructuras del crimen organizado.
La generalización hecha por algunos medios, como Semana, al sugerir que todas las empresas sancionadas operaban como fachadas delictivas, ha sido duramente cuestionada por empresarios, juristas y voceros del sector. Existen diferencias sustanciales entre los casos, y agruparlos en una misma narrativa representa un riesgo de desinformación y estigmatización injusta.
“Es esencial que los medios verifiquen los contenidos de las resoluciones sancionatorias antes de publicar afirmaciones que comprometen el buen nombre de empresas legales. No se puede equiparar una falla documental con una estructura criminal”, afirma el abogado penalista Iván Ballesteros.
La también sancionada es Lost Prevention Ltda. es la que presenta el caso más alarmante y con vínculos más comprometedores, particularmente con el desaparecido Clan Daza, una estructura criminal que operó por años en el Atlántico y La Guajira y que, según informes de inteligencia, aún mantiene influencia a través de redes financieras y testaferros. Las autoridades encontraron pruebas de vínculos directos Clan Vega-Daza, estructura criminal con presencia armada, política y económica en la región Caribe. Tres de sus escoltas fueron identificados como miembros activos del clan, con antecedentes por homicidio y tráfico de armas.
Se sospecha que esta empresa servía como fachada para:
- Legalizar el porte de armas de uso civil.
- Simular contratos de seguridad que encubrían pagos ilegales.
- Triangular recursos provenientes de actividades delictivas.
Incluso, aparece mencionada en el expediente de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por supuestas operaciones financieras irregulares. Aunque el exdiputado niega vínculos, la Fiscalía investiga triangulaciones con empresas asociadas al Clan Vega-Daza.
¿depuración necesaria o arbitrariedad sancionatoria?
Para expertos en derecho administrativo y penal, el control del sector es indispensable, pero debe hacerse con rigor y equilibrio:
“El control a empresas privadas de seguridad es esencial, pero si se hace sin garantías procesales ni proporcionalidad, se convierte en una herramienta de represión administrativa”, dice Diana Gutiérrez, penalista.
“No todas las empresas son fachadas criminales. Algunas cometen errores administrativos menores, y deben poder corregirlos sin ser estigmatizadas”, añade Camilo López, exsuperintendente delegado.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría han solicitado reformar el régimen de vigilancia privada para evitar que las licencias se conviertan en un instrumento vulnerable. Entre las propuestas están:
- Cruzar información en tiempo real con la UIAF, DIAN y Fiscalía.
- Establecer una unidad ética de evaluación de sanciones.
- Exigir trazabilidad en el ciclo de vida de armas asignadas.
- Crear un observatorio independiente para el monitoreo del sector.
- Que la vigilancia también sea vigilada
La vigilancia privada cumple una función vital en la seguridad nacional, especialmente en regiones donde la capacidad estatal es limitada. Pero también requiere una supervisión legal, técnica y justa.
El caso de ATENAS y la aparición de empresas como Lost Prevention muestran los dos extremos de una misma realidad: por un lado, organizaciones criminales que se disfrazan de legalidad; por otro, empresas que pueden ser blanco de arbitrariedades si no se garantiza el debido proceso.
La pregunta no es si el Estado debe sancionar, sino cómo y con qué garantías lo hace. Una vigilancia sin reglas claras y sin derecho a la defensa también puede convertirse en una amenaza a la legalidad.
Por lo pronto ninguna otra empresa de vigilancias sancionadas han emitido comunicado de aclaración, ni se ha conocido de algunas acciones legales contra la supervigilancia estaremos muy atentos a este tema que toca fibras en el ámbito de seguridad y empresarial.
