Las últimas decisiones del superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho, han desatado un vendaval de inquietudes en el Caribe colombiano. En menos de 48 horas fueron removidos dos interventores que, según trabajadores, sindicatos y veedurías, estaban logrando resultados palpables en hospitales históricamente golpeados por la corrupción, la mala administración y la politización crónica del sistema de salud.
Para entender la gravedad de los cambios recientes, hay que mirar atrás. Desde finales de los años 90 y principios de los 2000, los hospitales del Caribe; Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, fueron tomados por clanes políticos que vieron en la salud una fuente inagotable de contratos, burocracia, negocios de tercerización y manejo electoral. El modelo se repitió en casi todas las ESE, clínicas municipales e instituciones departamentales: gerentes puestos por políticos, contratos direccionados, nóminas paralelas, empresas de servicios creadas para facturar millones sin prestar servicios reales. El Hospital Rosario Pumarejo de López es un ejemplo emblemático.
Durante años estuvo sometido a la presión de clanes políticos del Cesar. Mientras la infraestructura colapsaba, los contratos de servicios, suministros, ambulancias y tercerización crecían sin control. Interventores iban y venían sin poder desmontar las redes instaladas.
La ESE UNA (antiguo Cari), en Barranquilla, vivió un infierno similar: corrupción histórica, manejos contractuales cuestionados, contratos de tercerización opacos, y una crisis asistencial que llevó al cierre de servicios vitales. Su compleja realidad siempre estuvo atravesada por las tensiones políticas entre grupos de poder locales y departamentales. En ambos hospitales, por primera vez en años, trabajadores y veedurías empezaron a ver señales reales de mejora.
Los recientes movimientos ordenados por el superSalud, Bernardo Camacho, sacudieron nuevamente al ya frágil sistema hospitalario. Dos interventores con resultados reconocidos fueron removidos de forma repentina: José Octaviano Liñán Murgas, en el Hospital Rosario Pumarejo de López en el Cesar y Fredy Socarrás Reales, en la ESE UNA de Barranquilla. Ambos habían logrado avances medibles en instituciones históricamente devastadas por corrupción, captura política y crisis financiera.
Pero más allá del hecho administrativo, la decisión abrió una grieta que vuelve a mostrar la misma pregunta que ha acompañado al sector salud del Caribe durante tres décadas:
¿Quién mueve realmente los hilos de los hospitales públicos?
El reemplazo simultáneo de José Octaviano Liñán en el Hospital Rosario Pumarejo de López (Cesar) y Fredy Socarrás Reales en la ESE Hospital Universitario Cari – UNA de Barranquilla plantea serias dudas sobre la transparencia, el rigor técnico y las verdaderas fuerzas que están operando tras bambalinas.
Liñán, quien llevaba menos de siete meses en el Rosario Pumarejo, había logrado revertir tendencias negativas que parecían irreversibles: ordenó las finanzas, contuvo gastos, depuró contratos, logró acuerdos con proveedores para garantizar insumos, Recuperó personal especializado que había abandonado la institución, Estructuró un plan financiero creíble, Mejoró indicadores de oportunidad en urgencias y hospitalización y reactivó servicios que llevaban años cerrados. Trabajadores, médicos y sindicatos lo respaldaban públicamente. Su salida tomó por sorpresa incluso a los equipos internos, que reconocen que por primera vez en años el hospital parecía retomar un rumbo claro.
En Barranquilla, la situación era similar. Fredy Socarrás; exalcalde de Valledupar y funcionario con trayectoria administrativa limpia, asumió la intervención de la ESE UNA en Barranquilla en un momento crítico, enfrentando una de las peores crisis históricas de la entidad y resistiendo presiones políticas. Su gestión se caracterizó por una serie de logros significativos que transformaron la situación de la institución.
Socarras se enfocó en reactivar los servicios esenciales de salud que habían sido severamente deteriorados, asegurando que la comunidad tuviera acceso a atención médica oportuna. Además, logró cortar las fugas financieras derivadas de contratos problemáticos heredados, lo que permitió una gestión más eficiente de los recursos.
Implementó auditorías internas que no existían previamente, promoviendo la transparencia y el control sobre las operaciones de la ESE UNA. Asimismo, se enfrentó a viejos operadores privados que habían estado vinculados a la crisis, desmantelando redes de corrupción y prácticas perjudiciales.
Finalmente, trabajó para despolitizar áreas que durante décadas habían sido utilizadas como fortines electorales, promoviendo una gestión más técnica y centrada en el bienestar de la comunidad. La intervención de Socarras marcó un cambio positivo en la ESE UNA, demostrando que una gestión efectiva puede revertir crisis en el sector salud.
A ambos los apartó el Superintendente sin presentar un solo informe público que justificara las remociones.
¿Quiénes llegan? Los reemplazos generan aún más dudas
El nuevo interventor del Rosario Pumarejo es Anselmo Hoyos Franco, recordado en el Atlántico por su paso polémico como gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad. Su trayectoria ha estado marcada por pasos breves, episodios polémicos y cuestionamientos sobre su capacidad real para sacar adelante instituciones en crisis. Su paso por la gerencia del Hospital de Soledad dejó más preguntas que resultados: denuncias de inestabilidad administrativa, señalamientos de decisiones apresuradas, cuestionamientos de sindicatos y un manejo financiero que, según fuentes internas, no logró frenar el deterioro de la institución.
Pese a este historial poco alentador, Hoyos ha logrado mantenerse en los círculos de influencia donde se deciden cargos clave en el sector salud. Varios expertos y exfuncionarios coinciden en que su nombre suele aparecer en momentos de transición política o cuando se requieren figuras funcionales al reacomodo de intereses regionales. Su perfil ha sido descrito como el de un administrador “maleable”, que genera poca resistencia para quienes buscan control operativo más que resultados estructurales.
Su llegada al Hospital Rosario Pumarejo de López, un centro asistencial que ha sobrevivido décadas de corrupción, quiebras, luchas sindicales y múltiples intervenciones fallidas, despierta preocupación legítima. El nombramiento de un interventor con antecedentes cuestionados, en reemplazo de José Octaviano Liñán, quien apenas cumplía siete meses desarrollando un proceso técnico con metas trazadas y reporte de avances deja la sensación de un cambio improvisado, sin justificación pública y potencialmente peligroso para la estabilidad del hospital más importante del Cesar.
Fuentes internas advierten que este relevo podría poner en riesgo los pocos avances logrados en transparencia, reorganización presupuestal y habilitación de servicios críticos. La pregunta de fondo es: ¿Qué puede aportar Hoyos a un hospital que necesita manos expertas, independencia política y un rigor técnico comprobado? Su historial reciente sugiere lo contrario: un funcionario rodeado de sombras, cuya presencia en procesos de intervención suele venir acompañada de inestabilidad y decisiones desconectadas de las necesidades clínicas y financieras reales. Si bien no hay evidencia pública de una subordinación directa, el nombre de Bernardo Hoyos aparece siempre rodeado del mismo ecosistema político y contractual ligado al Clan Torres.
En un departamento donde la red pública de salud ha sido saqueada por años, y donde los hospitales viven al borde del colapso, la designación de Hoyos se siente menos como una solución y más como el síntoma de un sistema que sigue privilegiando movimientos políticos sobre decisiones técnicas. institución que enfrentó graves problemas administrativos durante su dirección. Su nombramiento ha sido recibido con preocupación por el personal del hospital cesarense, quienes temen un retroceso después de los avances logrados.
En la ESE UNA de Barranquilla, Socarrás fue reemplazado por Maryury Díaz Céspedes, una funcionaria con experiencia limitada en procesos de intervención y cuya designación no fue acompañada de ningún sustento técnico público. Para un hospital de alta complejidad que apenas empezaba a estabilizarse, la llegada de Díaz abre una nueva etapa cargada de incertidumbre. Fuentes políticas en Bogotá y Barranquilla llevan semanas insistiendo en que el Superintendente Bernardo Camacho ha cedido presiones de este grupo, sobre todo en los movimientos recientes que:
El Superintendente no responde
Consultado directamente por vía telefónica, Bernardo Camacho evitó dar explicaciones de fondo. No presentó motivos técnicos, no socializó informes, no expuso fallas en las gestiones removidas. Simplemente afirmó que se trataba de “análisis técnicos para mejorar el servicio”, pero sin detallar cuáles fueron esos análisis, quién los realizó, ni por qué, si eran tan contundentes no se hicieron públicos.
Este silencio no solo genera desconfianza: erosiona la legitimidad de una Superintendencia que debería obrar con absoluta transparencia, más aún cuando interviene hospitales sumidos históricamente en redes clientelares y corrupción política.
La decisión del superintendente de Salud, de remover a José Liñán y Fredy Socarrás dos de los interventores más eficientes, más reconocidos por sus resultados y, además, aliados naturales del proyecto de cambio, desató un terremoto político.
No solo por la forma abrupta en que se ejecutó, sino por el fondo: fueron expulsados dos funcionarios que no solo tenían el respaldo sindical y comunitario, sino que también eran considerados cuotas del Petrismo histórico, del sector que ha acompañado al presidente desde mucho antes de la campaña.
Entonces, ¿Cómo es posible que el Gobierno dejara que los sacaran?
Las versiones que circulan en los pasillos del sector salud señalan presiones externas de sectores cercanos a figuras como Benedetti, el clan Torres o aliados del exsenador Eduardo Pulgar. No hay pruebas que confirmen esas injerencias, pero la coincidencia de movimientos, la falta de argumentos técnicos y la llegada de perfiles cuestionados alimentan la sospecha de reacomodamientos políticos detrás de la fachada de decisiones “técnicas”.
Los sindicatos y trabajadores se pronuncian: “Es un error grave”
En ambos hospitales, el personal expresó su preocupación. Los sindicatos advirtieron que las salidas de Liñán y Socarrás podrían detener la recuperación que apenas comenzaba a consolidarse. Los médicos y trabajadores coinciden en una idea: no se cambia a un capitán cuando el barco por fin empieza a flotar.
Las decisiones unilaterales y sin sustento aumentan el riesgo de retrocesos en hospitales que han sido víctimas de saqueos administrativos, tercerizaciones abusivas y corrupción estructural durante décadas.
Los hospitales intervenidos necesitan continuidad, estabilidad y equipos que conozcan la realidad territorial y operativa. Remover sin argumentos a quienes estaban ordenando la casa y nombrar a reemplazos con preguntas abiertas representa un riesgo profundo para la calidad del servicio y la vida de miles de usuarios.
La salud pública no puede convertirse nuevamente en moneda de cambio político. El Caribe ya pagó demasiado caro la captura de sus hospitales.
¿Cómo terminó el presidente Petro nombrando un Superintendente sin resultados sólidos?
Antes de llegar a la Superintendencia, Bernardo Camacho tuvo un paso discreto y opaco por la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes y complejas del país. Su presencia allí nunca fue asociada a transformaciones, decisiones de alto impacto ni resultados verificables.
Dentro de la entidad, su rol fue principalmente administrativo, sin liderar procesos estratégicos, sin asumir crisis relevantes y sin mostrar capacidad para mejorar indicadores de atención, calidad o auditoría. Funcionarios que coincidieron con él en esa etapa aseguran que su gestión pasó prácticamente desapercibida: no dejó iniciativas propias, no figuró en comités claves y no existen informes o evaluaciones internas que lo señalen como responsable de avances concretos.
Mientras otros directivos sí dejaron trazabilidad pública en sus áreas, Camacho no acumuló logros que lo proyectaran como un cuadro técnico de peso. Por eso, para muchos dentro del sector salud, su llegada a la Superintendencia fue una sorpresa: un nombramiento que no respondía a resultados previos, sino a afinidades políticas y conveniencias internas del Gobierno, que deja interrogantes.
Mientras el Gobierno hablaba de “cambio estructural” en el sistema, Camacho aterrizó en uno de los cargos más sensibles sin mostrar una hoja de vida con resultados contundentes en gestión hospitalaria, recuperación financiera o control de riesgos. Su trayectoria, aunque técnica, nunca estuvo marcada por transformaciones visibles ni por logros verificables en escenarios de crisis.
Aun así, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro, no por su capacidad probada, según afirman fuentes del propio sector, sino por su cercanía a un círculo político y académico que orbita alrededor del Ministerio de Salud y asesores de Palacio. Camacho no es un hombre del petrismo histórico, tampoco un cuadro territorial con bases propias: es una figura gris, funcional, que no incomoda a ninguna facción interna del Gobierno.
En un país donde la salud es un derecho fundamental, la Superintendencia tiene la responsabilidad ética y jurídica de actuar con transparencia absoluta. Hoy parece ocurrir lo contrario: decisiones tomadas a puerta cerrada, sin estudios públicos y con silencios incómodos que golpean la confianza institucional.
Por ahora, la ciudadanía y los trabajadores hacen preguntas que el Superintendente sigue esquivando y que telefónicamente se negó a contestar, pero le dejo el cuestionarios señor Camacho espero respuesta pronta:
¿Fue esto un movimiento técnico o un reacomodo político disfrazado?
¿Por qué fueron removidos abruptamente dos interventores que estaban mostrando resultados?
¿Quiénes recomendaron o impulsaron los nombres de los nuevos interventores?
¿Existen presiones políticas externas?
¿Qué informes técnicos justificaron las remociones y por qué no se han hecho públicos?
¿Se están reacomodando viejos grupos de poder en los hospitales del Caribe?
¿Qué empresas o contratistas podrían beneficiarse con estos cambios?
¿Cuál es la relación real entre el Superintendente y actores políticos regionales?
¿Por qué no se consultó a los equipos técnicos y profesionales que han trabajado en la recuperación de las ESE?
¿Sabe el presidente Gustavo Petro de estos relevos improvisados?
