La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, dejó en firme el juicio contra el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, al negar una solicitud de nulidad que buscaba detener el proceso judicial que enfrenta por presunta exigencia de sobornos en contratos públicos. Con este fallo, se confirma que el congresista seguirá enjuiciado por hechos que, según la Fiscalía, configuran una red de corrupción interinstitucional en municipios como El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica (Córdoba).
La decisión de la Corte considera que no se vulneró el debido proceso, como argumentaba la defensa del senador, al no haberse practicado ciertas pruebas en la etapa de instrucción. La Sala concluyó que estas omisiones no afectaron sustancialmente su derecho a la defensa y que el proceso puede continuar desde la etapa en que fue suspendido.
Huellas de un escándalo prolongado
El caso que involucra al senador Correa no es un episodio aislado. La Corte Suprema lo acusó formalmente en agosto de 2023 por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación gira en torno a convenios suscritos con Coldeportes, destinados a la construcción de escenarios deportivos en la región Caribe, donde Correa habría exigido un porcentaje de coimas para permitir su aprobación.
Según la Fiscalía, se configuró una estructura paralela al Estado donde su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habría operado como puente entre contratistas, funcionarios del gobierno y alcaldes, todo con el fin de beneficiar a aliados políticos a cambio de pagos ilegales. Una de las testigos clave, Mariela Trujillo Buelvas, aceptó cargos y se convirtió en colaboradora judicial.
Esta acusación es una de las más graves que enfrenta un senador en ejercicio, pues implica el presunto uso del cargo para favorecer intereses particulares a través de una red clientelista con anclaje institucional.
De Magangué al Capitolio: Los hilos con «La Gata» y «El Gatico»
Antonio José Correa inició su carrera política bajo la sombra del clan de Enilce López, conocida como «La Gata», la controvertida empresaria del chance en la Costa Atlántica, condenada por homicidio y lavado de activos, falleció el 14 de enero de 2024 en una clínica de Barranquilla luego de haber sido hospitalizada por un grave estado de salud . Fue precisamente en la administración de su hijo, Jorge Luis Alfonso López, alias «El Gatico», donde Correa ocupó el cargo de Secretario de Salud en Magangué, marcando su entrada en la vida pública y su vinculación con estructuras cuestionadas.
A pesar de los cuestionamientos, Correa ha defendido su cercanía con los López, incluso cuando «El Gatico» fue condenado por concierto para delinquir. En múltiples entrevistas, ha afirmado que su papel fue exclusivamente técnico y que no participó en ninguna actividad ilegal. Sin embargo, los investigadores judiciales han señalado que su paso por esa administración fue el punto de partida de una carrera política impulsada por estructuras de poder regional que hoy enfrentan serios cuestionamientos legales.
A lo largo de los años, Correa ha acumulado una influencia significativa en el Congreso y ha sido un actor clave en la repartición de recursos en la región Caribe. No obstante, su nombre ha estado recurrentemente vinculado a escándalos de contratación y favores burocráticos, incluyendo señalamientos por manipulación de bolsas de empleo, como lo ha denunciado públicamente la veeduría ciudadana en Córdoba.
El proceso judicial sigue: ¿futuro político comprometido?
Con la decisión de la Corte Suprema de mantener en firme el juicio, Antonio José Correa se convierte en uno de los pocos senadores en ejercicio que enfrentan un juicio penal por delitos contra la administración pública. Esto podría tener implicaciones profundas no solo para su futuro político, sino también para el equilibrio de fuerzas dentro del Partido de la U, al que pertenece, y que en los últimos años ha tenido una relación ambivalente con el Gobierno Nacional.
De ser hallado culpable, Correa enfrentaría penas de prisión y la pérdida de sus derechos políticos. Pero más allá del desenlace judicial, este caso revive el debate sobre la penetración de las mafias regionales en la política nacional, y cómo estructuras que nacieron bajo el amparo de poderes locales siguen condicionando decisiones en el Congreso de la República.
El proceso continúa su curso en la Corte Suprema, con un juicio oral que se reanudará en los próximos meses. Entretanto, Correa mantiene su curul y su participación activa en la legislatura, aunque cada vez más rodeado de sospechas y aislado políticamente, incluso por sectores que antes le eran afines.
Desde diversos sectores políticos han surgido voces que celebran el fallo de la Corte como una señal de independencia judicial. El senador Iván Cepeda, por ejemplo, señaló que “es hora de depurar el Congreso de quienes han hecho de la corrupción una estrategia de poder”.
Por otro lado, aliados del senador han insistido en que el proceso ha sido permeado por motivaciones políticas. “Estamos frente a una cacería de brujas contra quienes no se alinean con ciertos sectores del poder judicial”, aseguró un congresista de su círculo cercano.
Sea cual sea el desenlace, el juicio a Antonio José Correa representa un nuevo capítulo en la lucha entre justicia y corrupción en Colombia, donde las decisiones judiciales comienzan a perfilar un nuevo mapa del poder político en las regiones.
Este artículo hace parte de la cobertura especial de El Espacio Noticias sobre corrupción política en el Caribe colombiano.
