En los últimos meses, millones de hogares colombianos han sentido el peso de las tarifas eléctricas en sus bolsillos. La factura de la luz se ha convertido en motivo de angustia para familias que, con sueldos justos, deben elegir entre pagar el servicio o cubrir otras necesidades básicas.
Consciente de esa realidad, el presidente Gustavo Petro anunció una nueva serie de decretos con los que el Gobierno busca ponerle freno a la inestabilidad del mercado eléctrico y garantizar que los precios reflejen, según sus palabras, “los costos reales del servicio, punto”.
La promesa: tarifas más justas y contratos más estables
La medida más destacada es el Decreto 1091 de 2025, que establece nuevas reglas para que las empresas generadoras de energía vendan la mayor parte de su producción mediante contratos de largo plazo. Esto significa que las tarifas ya no dependerán tanto de los cambios diarios en la bolsa de energía —un mercado volátil que suele encarecer el servicio durante temporadas secas o crisis climáticas—.
En palabras simples, se busca que los colombianos paguen una tarifa más predecible y que el sistema eléctrico deje de ser un vaivén de precios.
“Las tarifas deben ser justas, no un reflejo de la especulación”, insistió Petro al anunciar los nuevos lineamientos. El Gobierno sostiene que con este paso se protege especialmente a los usuarios de estratos bajos, que son quienes más sufren cuando el costo de la energía sube sin explicación aparente.
El otro objetivo: una energía más limpia y confiable
Los decretos también abren espacio para que la energía solar, eólica y de biomasa ganen protagonismo. La apuesta es ambiciosa: diversificar la matriz eléctrica y reducir la dependencia de las hidroeléctricas, que se ven afectadas cada vez que fenómenos como El Niño golpean los embalses.
Con la transición energética, el Ejecutivo busca no solo aliviar los bolsillos, sino también cuidar el medio ambiente y garantizar el suministro en todo el país.
Sin embargo, detrás del entusiasmo también hay voces cautelosas. Expertos advierten que cualquier cambio en las reglas del mercado debe hacerse con precisión técnica para no afectar la inversión privada ni poner en riesgo la estabilidad del sistema.
Los retos que vienen
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá la tarea de traducir estos decretos en medidas concretas. Y no será fácil: deberá encontrar un equilibrio entre proteger a los usuarios y mantener la sostenibilidad financiera de las empresas.
“Cambiar la forma en que se compra y se vende la energía puede transformar todo el mercado. Si se hace bien, será un avance histórico; si se hace mal, podría generar incertidumbre”, advirtió un analista del sector eléctrico consultado por medios económicos.
Por su parte, los generadores privados temen que las nuevas obligaciones limiten la competencia, mientras las organizaciones de usuarios celebran el intento del Gobierno por devolverle transparencia a las tarifas.
Un país pendiente del recibo de la luz
Al final, más allá de tecnicismos, lo que está en juego es el alivio de millones de familias. En barrios populares de ciudades como Barranquilla, Montería o Villavicencio, la gente espera que el próximo recibo de energía llegue más liviano.
“Uno paga la luz y ya no queda para el mercado”, dice Marta Gómez, ama de casa en Soledad. “Si bajan esas tarifas, sería un respiro”.
Ese es, justamente, el objetivo del paquete de decretos: que la energía —ese servicio que mueve hogares, comercios e ilusiones— deje de ser un lujo y vuelva a ser un derecho accesible.
