En la Fiscalía General de la Nación reposa una denuncia anónima que hoy sacude al Ministerio de Trabajo y pone bajo una luz intensa al secretario general Gerson Jair Castillo Daza, una figura de larga trayectoria dentro del Estado desde los años del gobierno de Iván Duque y hoy encargado de la ejecución contractual más importante dentro de la entidad.

La denuncia habla de un posible peculado agravado, porque involucra directamente los recursos del Fondo de Riesgos Laborales, un fondo que por Constitución solo puede usarse para prevenir accidentes y enfermedades laborales, pero que, según los documentos allegados, habría terminado financiando actividades administrativas internas del Ministerio.

El nombre de Gerson Castillo no es nuevo en los círculos burocráticos del país. Su hoja de vida registra un ascenso constante desde el gobierno Duque, en donde su carrera tomó fuerza en áreas técnicas y normativas. En el 2019 fue candidato a la alcaldía de Riohacha por el método de firmas, obtuvo más de 8200 votos y perdió con José Bermúdez, es politólogo y pese a sus raíces guajiras su gestión ha sido nula en un departamento donde la corrupción tiene los índices más altos.

De hecho, su nombramiento en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), firmado por Karen Abudinen el 1.º de julio de 2020, reposa como antecedente de su paso por cargos de ejecución contractual de alto nivel. En la época cuando estalla el escándalo del robo de los 70 mil millones de pesos.

Abudinen fue para muchos su madrina política en la tecnocracia estatal. Funcionarios de la época describen a Castillo como un “hombre minucioso, silencioso y experto en la letra menuda de los contratos”. No pocos recuerdan que es pupilo del influyente dirigente político Alfredo Deluque, lo que le abrió puertas y le dio margen de maniobra en sectores clave del Ejecutivo.

Esa habilidad, copiada del congresista Alfredo Deluque, al parecer lo catapultó hasta el Ministerio de Trabajo, donde recibió del actual ministro Antonio Sanguino la delegación total de las facultades de contratación, convirtiéndose en el filtro único y absoluto por el que pasa toda la contratación de la entidad durante el 2025. La denuncia afirma que, bajo esa delegación, el secretario general suscribió más de 670 contratos, de los cuales al menos 200 habrían sido pagados con recursos del Fondo de Riesgos Laborales.

Estos contratos incluyen asesorías internas, servicios logísticos para oficinas, certificaciones del talento humano, actividades de supervisión rutinaria, apoyo en la gestión de documentos y asistencia jurídica general. Al parecer ninguna de estas funciones tiene relación con la prevención de la siniestralidad laboral, que es la finalidad exclusiva del fondo.

La gravedad aumenta porque el Fondo de Riesgos Laborales es una cuenta parafiscal, no pertenece al Presupuesto General de la Nación y, por lo tanto, no puede financiar burocracia ni funcionamiento interno del Ministerio. A pesar de esto, la denuncia advierte movimientos presupuestales internos que habrían trasladado recursos del fondo hacia dependencias que tienen prohibido utilizarlos.

También señala, una posible repetición de contratos con objetos idénticos, lo que para expertos consultados encaja en la figura de aplicación oficial diferente, un delito que se configura cuando recursos públicos protegidos por un destino específico se usan para fines ajenos a ese mandato. Funcionarios del Ministerio que aceptaron hablar bajo reserva coinciden en que toda decisión es aprobada por la firma de Castillo. Aseguran que su oficina maneja un círculo cerrado y que cualquier traslado de recursos, certificación o contratación debía tener su aval personal.

Esa concentración de poder generó molestias internas, pero pocos se atrevían a cuestionarla porque estaba respaldada por la delegación plena del ministro. La Fiscalía ahora deberá revisar uno por uno los contratos, los traslados presupuestales, las certificaciones y los actos administrativos relacionados con los recursos del Fondo de Riesgos Laborales durante el año que esta por terminar.

El caso que generó mayor alerta: doble vinculación de una funcionaria

Uno de los hallazgos más sensibles es el de Natalia Andrea Parra Lizarralde, funcionaria de planta en el cargo Auxiliar Administrativo 4044 grado 13, vinculada al Ministerio desde enero de 2023 hasta septiembre de 2025.

En ese mismo periodo, la funcionaria figura como contratista externa pagada con recursos del FRL, con un contrato cuyo objeto incluía tareas prácticamente idénticas a sus funciones como empleada de planta: apoyo administrativo interno, elaboración de informes y acompañamiento operativo.

Esto significaría que la funcionaria habría recibido simultáneamente un salario como empleada pública y honorarios como contratista para realizar actividades que se superponen. A parte de no cumplir con los requisitos de contratación, según se logra verificar en los documentos aportados.

Abogados consultados señalan que: «La Ley 1562 de 2012 establece que los recursos del FRL no pueden ser destinados a gastos de administración y funcionamiento del Ministerio, por lo que financiar este tipo de actividades con recursos del Fondo podría constituir un uso indebido».

Para la denunciante, este caso es la prueba más cruda y más contundente de lo que se sospecha: el Fondo de Riesgos Laborales, destinado a proteger la vida de los trabajadores colombianos, estaba siendo usado como una caja paralela para financiar personal interno. Una nómina oculta disfrazada de contratación por prestación de servicios.

El caso de Parra Lizarralde no fue el único. La demanda describe un panorama que, a simple vista, parece calcado: contratos distintos con objetos idénticos, casi como si se hubieran copiado y pegado sin mayor cuidado; supervisores que no tienen nada que ver con el Fondo de Riesgos Laborales, jefes administrativos, talento humano, oficinas sin competencia técnica, firmando como responsables de actividades que no conocen; contratistas del FRL trabajando en oficinas internas, sentados frente a un computador, haciendo tareas que no tienen ninguna relación con la prevención de riesgos laborales; y movimientos presupuestales que trasladaban plata del Fondo hacia dependencias internas justo en los meses donde la contratación creció de manera abrupta.

También aparecen contratos fraccionados: pequeñas contrataciones repetidas con el mismo objeto, la misma finalidad y, en algunos casos, los mismos beneficiarios. Para expertos consultados, este patrón se parece demasiado a una estrategia para evadir controles o esconder una estructura de contratación aparentemente corrupta.

Otras fuentes consultadas coinciden en un punto: “todo pasaba por Castillo”. La Secretaría General, operaba como un embudo en el que convergían todos los avales, certificaciones, estudios previos, movimientos presupuestales y autorizaciones finales. Nada se movía sin su visto bueno, y su oficina manejaba un círculo cerrado donde pocos tenían acceso y donde, según estas fuentes, cualquier cuestionamiento podía convertirse en un riesgo laboral o político.

“Cualquier contrato que no guarde una relación directa, comprobable y sustancial con la prevención de riesgos laborales, y que aun así se pague con recursos del Fondo de Riesgos Laborales, constituye de inmediato el delito de peculado por aplicación oficial diferente. Si además esos recursos tienen naturaleza de seguridad social, como en este caso, la conducta está agravada. No hay zona gris.” Explica un exdirector jurídico consultado para esta investigación.

Ese “blindaje administrativo”, como lo llamaron varios funcionarios, fue posible porque el ministro le delegó todas las facultades de contratación. Esa delegación absoluta inusual en tamaño y en alcance, permitió que una sola oficina tuviera control sobre más de 670 contratos hasta el día de hoy, incluidos los que se financiaban con recursos de un fondo parafiscal cuya administración exige la máxima rigurosidad técnica.

La denuncia solicita auditoría forense, compulsa de copias a Contraloría y Procuraduría, y verificación estricta del uso de los recursos parafiscales, cuyo destino está definido por la Constitución y no puede modificarse para financiar tareas administrativas. Mientras tanto, en el Ministerio predomina el silencio. En el sector laboral, sin embargo, crece la preocupación por la posibilidad de que el fondo encargado de proteger la vida y la salud de los trabajadores del país haya terminado convertido en una caja para financiar la burocracia interna de la entidad responsable de administrarlo.

El caso deja una pregunta abierta y urgente: ¿Se trató de un desorden administrativo provocado por la delegación total de las facultades de contratación, o de un esquema sistemático para desviar recursos esenciales para la seguridad y salud de los trabajadores colombianos? La respuesta la deberá construir la justicia, pero la alerta ya está encendida

Mientras la investigación avanza, tanto en la fiscalía como en la contraloría, el Ministerio mantiene silencio. Lo cierto es que, fuera de los pasillos oficiales, en el sector laboral crecen la inquietud y el malestar: si el fondo encargado de prevenir accidentes mortales, amputaciones, enfermedades laborales y tragedias evitables terminó siendo usado para pagar tareas administrativas internas, entonces el país tiene frente a sí un problema mayor.

También se deberá determinar si los productos entregados coinciden con lo contratado, si hubo duplicidad injustificada, si se repitieron objetos contractuales y si, como sugiere la denuncia, el FRL terminó convertido en una fuente de financiación de nómina no autorizada. La solicitud incluye auditoría forense y compulsa de copias a la Contraloría y la Procuraduría.

Porque el FRL no es un fondo cualquiera. Y si ese fondo fue tocado, desviado o mal utilizado, las consecuencias no son solo administrativas: son humanas.