La reciente solicitud de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador en Guatemala, Iván Velásquez Gómez, ha encendido las alarmas diplomáticas y jurídicas en América Latina. ¿Quién está detrás de esta medida sin precedentes? Se trata de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, un personaje que ha sido señalado internacionalmente por socavar la justicia en su país.
Un fiscal bajo sospecha
Rafael Curruchiche fue nombrado en 2022 como jefe de la FECI por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras, en reemplazo de Juan Francisco Sandoval, reconocido por su lucha contra redes de corrupción de alto nivel. Lejos de fortalecer la independencia judicial, el nombramiento de Curruchiche marcó el inicio de una cruzada judicial contra exfiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales hoy están en el exilio.
Ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel, que sanciona a actores corruptos o antidemocráticos en Centroamérica. Según el Departamento de Estado, Curruchiche habría “obstruido investigaciones de corrupción” y utilizado el sistema judicial para perseguir a quienes lideraron casos anticorrupción en el pasado, particularmente durante la época de la extinta CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
La CICIG como blanco
La solicitud de captura contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez tiene un claro común denominador: ambos fueron figuras claves de la CICIG. Camargo fue investigadora de alto perfil en esa comisión internacional y Velásquez su último comisionado. La CICIG, apoyada por Naciones Unidas entre 2007 y 2019, destapó redes de corrupción al más alto nivel, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina, quien terminó en prisión.
Esa ofensiva judicial contra quienes combatieron la corrupción no es nueva. Desde que la CICIG fue desmantelada, el Ministerio Público de Guatemala ha invertido esfuerzos no en perseguir a corruptos, sino en revertir las investigaciones que ellos lideraron. Curruchiche ha sido uno de los principales operadores de esa estrategia.
Un aparato de justicia al servicio del poder
Bajo el liderazgo de Curruchiche, la FECI se ha convertido en un instrumento de lo que organizaciones como Human Rights Watch llaman un “pacto de corruptos”, una alianza de élites políticas, económicas y judiciales que busca garantizar impunidad a toda costa. Sus investigaciones suelen tener como blanco a críticos del régimen o figuras independientes, mientras permanecen intocados casos emblemáticos de corrupción.
En el proceso electoral de 2023, su oficina intentó suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, liderado por el actual presidente Bernardo Arévalo, luego de que ganara sorpresivamente en las urnas. La acción fue considerada por analistas y organismos internacionales como un intento de golpe judicial disfrazado.
¿Una venganza política?
La solicitud de captura contra Camargo y Velásquez ha sido interpretada como un acto de retaliación. No solo por su pasado en la CICIG, sino porque Colombia se ha convertido en uno de los países que más ha denunciado la regresión democrática en Guatemala. En un giro paradójico, mientras Iván Velásquez es ministro de Defensa de un Estado que fortaleció la justicia guatemalteca durante más de una década, el fiscal que hoy lo acusa enfrenta sanciones internacionales por sabotear esos mismos esfuerzos.
El silencio de las instituciones
Hasta el momento, el gobierno de Guatemala no ha dado explicaciones claras sobre la justificación jurídica de las órdenes de captura. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro ha calificado la medida como un “despropósito jurídico sin precedente”, y reiteró el respaldo del Estado colombiano tanto a Camargo como a Velásquez.
En medio de esta nueva tensión diplomática, la figura de Rafael Curruchiche vuelve a estar en el centro del debate: un fiscal acusado de encubrir la corrupción pretende ahora presentarse como paladín de la justicia internacional.
