Desde la capital del departamento del Magdalena, donde fue adelantado el XIII Congreso Nacional de Contralores Territoriales, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, remarcó cómo las variadas formas de corruptela en el territorio colombiano afectan a la sociedad en su conjunto.
“La corrupción conlleva efectos negativos que no se limitan únicamente a la pérdida de recursos públicos, afecta a la población en general en su diario vivir. Los antecedentes en nuestro país dan cuenta de que el fenómeno vulnera sus derechos humanos, merma la confianza en las instituciones gubernamentales y tiende a perpetuar las actividades criminales”, manifestó Carlos Camargo Assis.
Agregó el Defensor que el compromiso para hacerle frente a la problemática enquistada desde hace décadas es del Estado y de las y los ciudadanos, entendido como un trabajo armonioso en binomio: “El enfoque de la lucha contra la corrupción debe dar un giro de 180 grados, teniendo como punto base una estrategia integral. Esta estrategia debe ser complementada con mecanismos de coordinación que involucren a varios actores, no solo a los entes de inspección y vigilancia y las superintendencias, también es primordial incluir a toda la ciudadanía”.
A partir de ello, recalcó el Defensor del Pueblo, la observancia y actuaciones del Estado y la sociedad deben apuntarles a todo lo concerniente a la influencia de los intereses corporativos, la configuración de los acuerdos entre los actores público-privados, lo relacionado con el cabildeo, las determinaciones de los gobernantes en todos sus niveles, a ver con lupa la gestión de conflictos de intereses.
“Combatir la corrupción demanda una acción concertada, desde quienes forman parte del Legislativo hasta el colombiano de a pie, puesto que cada uno juega un rol crucial en la construcción de un país más justo, equitativo, transparente, íntegro y próspero. Y si hay juego limpio, la paz también comienza a moldearse”, subrayó Camargo Assis.
Durante su intervención en el Congreso Nacional, el Defensor del Pueblo resaltó la función de los contralores territoriales, ya que, según sus palabras, al constituirse en guardianes de la legalidad y la transparencia, su labor es determinante para garantizar que los recursos públicos sean administrados eficiente y responsablemente.
De igual modo, enfatizó en que su participación activa en los procesos de control y vigilancia representa un respaldo clave en el empoderamiento de las y los ciudadanos en la defensa de sus derechos y en el aporte a la Colombia ecuánime que todos anhelan.
