Los atornillados de las juntas y el costoso banco de hojas de vida que nunca se usó
Según documentos revisados por la Unidad de Investigación de El Espacio Noticias, un entramado de omisiones administrativas, prórrogas irregulares y demoras injustificadas ha permitido que los miembros de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez permanezcan en sus cargos por más de una década, pese a que la ley fija un límite de seis años como tiempo máximo para ejercer sus funciones.
El caso, hoy objeto de una acción popular en curso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, plantea un debate de fondo sobre la transparencia, la meritocracia y el respeto a la moralidad administrativa en una entidad que cumple un papel esencial para los trabajadores colombianos en situación de discapacidad o controversia laboral.
Esta primera entrega de la investigación se centra en la evidencia documental, las normas vigentes y las actuaciones del Ministerio de Trabajo, entidad responsable de la supervisión de estas juntas. En los documentos examinados por este medio, se identifica la permanencia de varios miembros con más de diez años continuos en funciones, el manejo concentrado de los procesos de designación y los altos honorarios devengados, que superan en algunos casos los setenta millones de pesos mensuales.
Miembros con más de una década en los cargos
De acuerdo con la acción popular radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, varios integrantes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez continúan ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado ampliamente los límites temporales establecidos en la ley.
El documento, consultado por El Espacio Noticias, recuerda que el marco jurídico aplicable es claro al disponer que los miembros de las juntas de calificación solo pueden ocupar su cargo por dos períodos consecutivos, equivalentes a seis años en total. Para el demandante, este comportamiento constituye una omisión administrativa grave: se gastaron recursos públicos, se cumplió el proceso, pero no se ejecutó la renovación.
El Ministerio ha intentado justificar su pasividad argumentando vacíos normativos por la nulidad parcial del Decreto 1352 de 2013, pero la acción popular rebate esa defensa: la obligación de renovar subsiste, y el banco de hojas de vida es prueba suficiente de que sí existen mecanismos para hacerlo.
Sin embargo, el análisis documental revela que este límite ha sido sobrepasado en varios casos. Los nombres de Miguel Urueña, Luis Alejandro Rueda, Jairo Cubides, Luz Fanny Ortegón, Fernando Lozano Forero y Edgar Humberto Velandia, entre otros, figuran en los registros como miembros activos que han continuado desempeñando funciones por más de una década, sin que se haya producido su reemplazo conforme al proceso de mérito establecido.
El texto de la acción popular describe esta situación como una “permanencia de facto” o un “nombramiento vitalicio impropio”, contrario a los principios de alternancia y transparencia que rigen el servicio público. En sus términos, se habría configurado un estado de cosas irregular propiciado por la falta de acción del Ministerio de Trabajo, al no ejecutar los procedimientos de convocatoria y renovación ordenados por la ley.
La permanencia prolongada de los mismos miembros ha tenido, además, un impacto directo sobre el funcionamiento de las juntas y sobre la confianza ciudadana en sus decisiones. Las Juntas de Calificación de Invalidez son las encargadas de evaluar la pérdida de capacidad laboral y determinar el acceso a pensiones por invalidez. Su composición debe garantizar independencia y renovación periódica, pero los documentos obtenidos indican que al menos cinco de sus integrantes llevan más de diez años consecutivos en los cargos, y algunos superan ya los catorce.
Esta situación ha derivado en lo que el accionante denomina un “carrusel administrativo”, donde los mismos profesionales se perpetúan en sus funciones, devengando honorarios elevados con cargo a recursos públicos y privados. En el texto radicado ante el Tribunal, se señala que los ingresos mensuales de algunos miembros superan los $70.000.000, cifra reconocida por el entonces coordinador de Medicina Laboral del Ministerio de Trabajo, Carlos Ayala, en una audiencia pública en el Congreso de la República, sin embargo Ayala fue removido de su cargo por supuestos cuestionamientos internos, aun así la irregularidad persiste, pero hay información de que al parecer habrían funcionarios vinculados a un posible trafico de influencias y quienes serian los celebros de este hilo de corrupción que se viene orquestando desde hace mas de 14 años.
De acuerdo con los registros presupuestales y las actas revisadas, los honorarios de la Junta Nacional no solo son los más altos del sistema, sino que se han mantenido sin variación durante varios años, beneficiando a los mismos integrantes que hoy aparecen señalados por haber excedido sus periodos legales.
La acción popular advierte que “no existe norma que permita a los citados profesionales prorrogarse indefinidamente”, y que la cláusula que los autoriza a permanecer “hasta tanto se posesionen los nuevos” no puede interpretarse como una habilitación indefinida.
Según los documentos consultados, la falta de convocatoria oportuna para nuevos concursos de mérito y la no aplicación del banco de hojas de vida vigente son las causas principales que han permitido esta permanencia irregular. El Ministerio de Trabajo, en sus respuestas preliminares, ha señalado la nulidad parcial del Decreto 1352 de 2013 como razón para no renovar las juntas, argumentando que ello generó un vacío normativo. No obstante, la acción popular sostiene que dicho argumento no exime a la entidad de su obligación de convocar y actualizar las designaciones, conforme al principio de continuidad institucional por mérito.
Los documentos anexos también señalan que la omisión ha favorecido intereses particulares y que los miembros actuales continúan ejerciendo sin justo título, es decir, sin un acto administrativo vigente que respalde su permanencia. Esta circunstancia podría constituir, según el accionante, una vulneración directa del derecho colectivo a la moralidad administrativa, consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política.
Más allá de las implicaciones jurídicas, la falta de renovación ha tenido un efecto visible en la confianza institucional. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez resuelve controversias que afectan directamente a trabajadores, aseguradoras y entidades públicas. Su composición sin relevo desde hace más de una década plantea dudas sobre la independencia de sus decisiones y sobre la existencia de posibles conflictos de interés acumulados con el tiempo.
Según documentos internos obtenidos por la Unidad de Investigación de El Espacio Noticias, el banco de hojas de vida para integrar las nuevas juntas fue actualizado en 2023 y se encuentra vigente hasta abril de 2026.
Dicho banco, elaborado por la Universidad Nacional mediante un contrato por 1.600 millones de pesos, fue entregado al Ministerio con todas las evaluaciones técnicas completas. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido utilizado para reemplazar a los miembros con periodos vencidos.
La omisión en la aplicación del banco de hojas de vida es una de las piezas centrales del caso. De acuerdo con el propio ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, el tema “está en investigación”, pero no se ha concretado ninguna acción formal que lleve a la renovación inmediata.
Mientras tanto, las juntas continúan sesionando y recibiendo honorarios, y los fallos emitidos mantienen plena validez, pese a provenir de integrantes cuya legitimidad formal se encuentra cuestionada.
Para los expertos consultados, la falta de renovación no solo vulnera el principio de mérito, sino que también podría comprometer la validez de los actos administrativos expedidos por una junta con composición irregular. Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge las pretensiones de la acción popular, el fallo podría ordenar la renovación inmediata de todos los miembros y la revisión de los actos emitidos durante el periodo de permanencia irregular.
12 Años de Continuidad Ilegal: La Violación a la Ley
La inacción del Ministerio al no utilizar el banco de candidatos ha perpetuado una situación de ilegalidad en la conformación de las juntas, que son organismos técnicos vitales para determinar el grado de invalidez de un ciudadano y su acceso a pensiones y prestaciones. La denuncia lo resume con una frase contundente:
“No hay vacío normativo. Lo que hay es una omisión administrativa culposa.”
La acción popular, presentada por el abogado Carlos Andrés Vega Mendoza, solicita que se ordene cambiar los miembros de las juntas y se utilice la lista del banco de manera inmediata y se investigue la responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios del Ministerio que permitieron la continuidad ilegal. En medio de esta trama, surgen preguntas inevitables:
¿Por qué el Ministerio del Trabajo no ha hecho uso del Banco de Hojas de Vida, vigente hasta 2026, que permitiría renovar a los miembros con periodos vencidos?, ¿Qué intereses explican la decisión de mantener a los mismos funcionarios por más de una década, pese a que la ley fija un máximo de seis años?. Y, sobre todo, ¿qué razones sostienen la inactividad del Ministerio frente a una herramienta que costó 1.600 millones de pesos y hoy permanece guardada en un cajón?.
Mientras se investiga si existe un detrimento patrimonial por los $1.600 millones, explican los expertos que se podría estar incurriendo en una posible falta disciplinaria de los funcionarios que resulten responsables, la única solución efectiva y legal es el uso inmediato del Banco de Hojas de Vida para designar a los nuevos miembros de las Juntas, conforme a la ley, y poner fin a un «carrusel» que ha mantenido enquistados en sus sillas por tiempo indefinido, en contravía del interés general.
Es justo reconocer la disposición del ministro Antonio Sanguino por revisar el caso y buscar soluciones estructurales, lo cierto es que el tiempo de los diagnósticos terminó. El país espera hechos, decisiones y transparencia.
En la segunda parte de este informe especial, daremos a conocer los argumentos del abogado Carlos Vega quien es el autor de esta denuncia popular, los nombres de los miembros que permanecen en sus cargos pese a tener los periodos vencidos, los documentos que prueban la falta de acciones del Ministerio y los indicios que apuntan a algunos asesores que podrían estar involucrados en el mantenimiento de este carrusel institucional.
