Luego de más de 14 años sin renovación, el Ministerio del Trabajo se vio obligado a convocar un concurso público y objetivo para la selección de los nuevos integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez, tras una acción de cumplimiento liderada por el abogado Jesús Arnulfo Cobo García ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
La medida responde a la sentencia del Consejo de Estado del 25 de abril de 2024, que confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 12 de diciembre de 2023, ordenando a la cartera laboral cumplir el artículo 6 del Decreto 1352 de 2013, norma que establece que la designación de los miembros de las juntas debe realizarse mediante un concurso público y objetivo.
Un ciudadano que movió el aparato estatal
El abogado Jesús Cobo interpuso la acción de cumplimiento para exigir que el Ministerio del Trabajo aplicara una norma que durante más de una década permaneció sin ejecución. La alta corte determinó que, aunque algunos artículos del Decreto 1352 fueron anulados en 2021, el inciso primero del artículo 6 sigue vigente y, por tanto, la obligación de convocar el concurso no desaparece.
El Consejo de Estado ratificó que la ausencia de una ley que regule nuevamente la estructura interna de las juntas no puede ser excusa para el incumplimiento de la norma, ya que el deber de promover la transparencia y el mérito en la función pública prevalece.
En acatamiento al fallo, el Ministerio elaboró un estudio previo de contratación (noviembre de 2025) y, posteriormente, emitió la Resolución del 7 de noviembre de 2025, que justifica la contratación directa interadministrativa con una universidad pública para llevar a cabo el concurso nacional, financiado con recursos del Fondo de Riesgos Laborales.
La convocatoria pública y el reclamo de Coljuntas
Cumpliendo la orden judicial, el Ministerio del Trabajo publicó en el sistema SECOP II la convocatoria MT-SI-026-2025, denominada “Desarrollar el proceso de selección de los integrantes y miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez”, actualmente en fase de evaluación y observaciones. Dicha convocatoria reemplazó al proceso MT-SI-009-2025, que había sido suspendido previamente.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez (Coljuntas) expresó su preocupación y desacuerdo frente a los términos del nuevo proceso. En un comunicado emitido el 11 de noviembre de 2025, Coljuntas señaló que el Ministerio abandonó la primera convocatoria sin justificación y que el nuevo proceso presenta inconsistencias en su fundamentación jurídica.
“Coljuntas no puede establecer por qué el Ministerio del Trabajo decidió abandonar la primera oferta en el SECOP II y crear una nueva con las implicaciones que esto conllevaría”, advirtió la organización.
Críticas a las bases legales del concurso
En su pronunciamiento, Coljuntas subraya que el propio texto de la convocatoria evidencia contradicciones.
Por un lado, el Ministerio reconoce que, tras la nulidad parcial del Decreto 1352, no existe una normatividad vigente que defina la estructura ni los perfiles de las juntas, y que dicha reglamentación debe ser expedida por el Congreso de la República.
Pero, simultáneamente, sostiene que acudirá a la “costumbre jurídica” para sustentar el concurso. Pese a la oposición de los miembros, cabe resaltar que el consejo de estado rechazo sus argumentos que evitaría realizar dicha convocatoria.
Agrega el comunicado: “Es decir, el Ministerio del Trabajo reconoce que no existe una normatividad vigente en donde se pueda sustentar jurídicamente el concurso actual (…), pero a su vez dice que acudirá a la ‘costumbre’ para suplir esa base jurídica”, señala Coljuntas, manifestando su preocupación por la legalidad futura del proceso.
“Estas iniciativas legislativas han contado con diferentes mecanismos de participación, como audiencias públicas, pero la intervención del Ministerio del Trabajo ha sido discreta, pese a que reconoce la urgencia de una regulación para poder realizar un concurso de méritos”, puntualizó Coljuntas.
La asociación recordó que lleva cinco años participando en iniciativas legislativas para que el Congreso reglamente de forma clara la composición, estructura y perfiles de las Juntas de Calificación de Invalidez.
Uno de esos proyectos es el Proyecto de Ley 236 de 2024, actualmente en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el cual busca establecer un nuevo marco legal para los concursos de mérito en estas entidades, proyecto que ha sido calificado por algunos críticos como «Mico constitucional» y quienes aseguran, que los miembros actuales quieren seguir atornillados a los tan apetecidos cargos.
Cuestionamientos sobre sostenibilidad financiera
El comunicado también advierte que las 20 juntas de calificación actualmente vigentes no reciben recursos del Estado, ya que su sostenimiento depende de los dictámenes que emiten y que son pagados por el sistema de seguridad social.
Por ello, Coljuntas considera que la convocatoria no toma en cuenta la viabilidad financiera del modelo propuesto por el Ministerio.
“Resulta ajeno a la realidad que se pretenda la creación de salas de siete miembros sin considerar la autosostenibilidad económica de las juntas. Establecer parámetros basados en normas ya derogadas puede generar vacíos institucionales, donde el más afectado será el usuario”, advirtió la asociación.
Finalmente, Coljuntas hizo un llamado a la Oficina de Contratación del Ministerio del Trabajo y a los organismos de control para que revisen la legalidad del proceso MT-SI-026-2025, el cual, según la organización presenta irregularidades evidentes.
“La asociación colombiana de juntas de calificación de invalidez, Coljuntas, hace un llamado urgente a las entidades de control a verificar el proceso antes de continuar con una oferta que, a todas luces, se presenta como irregular”, concluye el comunicado.
Una batalla entre el deber de cumplir y el reclamo por regular
El caso evidencia una tensión entre el cumplimiento de las sentencias judiciales y la falta de una reglamentación legal definitiva.
Por un lado, el Ministerio del Trabajo está obligado a cumplir la orden del Consejo de Estado y avanzar en el concurso; por otro, Coljuntas advierte que el proceso podría carecer de sustento jurídico sólido hasta que el Congreso expida una nueva ley.
Mientras tanto, el abogado Jesús Arnulfo Cobo García se mantiene como el protagonista de esta historia.
Su acción logró lo que durante más de una década parecía imposible: que el Estado colombiano moviera las piezas ancladas en las Juntas de Calificación de Invalidez y abriera la puerta a la meritocracia y la transparencia. Esta plataforma informativa seguirá indagando por que este debate institucional continua.
