Por: Redacción
El presidente de la Jurisdicción para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes pidió respetar la independencia de este organismo judicial en referencial al proceso que se le abrió a los excomandantes de las Farc frente al caso No.1 que hace referencia a los secuestros cometidos durante el conflicto armado.
El magistrado Cifuentes le solicitó al presidente Iván Duque evitar hacer señalamientos o dar instrucciones sobre la forma en cómo la JEP debe sancionar a los exintegrantes de este grupo guerrillero.
“No es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP”, precisó el presidente de la JEP en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.
Para el presidente del tribunal especial la Constitución y la ley fijan la autonomía de los organismos judiciales, de desconocerse se perdería por completo el concepto de Estado de Derecho.
“Las sanciones que en su momento impondrá la autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la ley”, añadió el magistrado en su red social.
El pasado 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de la JEP le imputó cargos a ochos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01 denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.
La decisión afecta a Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Lo que dijo Duque
El presidente Duque en un evento este sábado había dicho que, “duele” cuando “se ha invocado la palabra paz trae consigo la palabra impunidad”.
Posteriormente el presidente de la República se refirió al proceso de paz con las Farc, sin mencionarlas directamente, al decir: “hemos visto también recientemente manifestaciones que revictimizan, sobre todo cuando los verdugos ostentan las más altas posiciones del estado”.
Duque añadió: “la construcción de una genuina paz implica que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben tener sanciones proporcionales y efectivas. Y también garantizar, aun entendiendo la figura de la transicionalidad, que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo».
