La Junta directiva del hospital San Agustín está enfrentada con el alcalde, Micher Pérez, por quién debe ser el nuevo gerente encargado. La pelea ha trascendido el tema jurídico: las cuentas de la entidad están bloqueadas y el personal asistencial entró en paro por falta de pago.
¿Cómo se hizo este trabajo?
Entrevistamos a un abogado que está al frente del proceso que lleva la Alcaldía, un doctor que estuvo en el empalme; un médico, un exgerente y tres usuarios del hospital. Recolectamos los documentos a través de fuentes y búsqueda en internet. Hablamos con una experta para saber quién tenía la razón. Buscamos a la junta directiva y a la gerente Amaya.
El paro de los trabajadores del Hospital San Agustín de Fonseca y la no prestación de servicios de salud, en la única entidad del municipio que los ofrece, es el impacto más reciente y directo para los ciudadanos por la pelea administrativa que se libra en la entidad.
También es la primera gran crisis que tendrá que capotear el alcalde Micher Pérez y en la que se juega, al menos, tres aspectos claves de su gobierno: su autoridad dentro del hospital; su talante para conciliar con los trabajadores que reclaman el pago y su capacidad para evitar que los efectos del paro minen su gobernabilidad con menos de un mes en el cargo. Todas son importantes para un alcalde que fue elegido con una diferencia de menos de 700 votos frente a su único contrincante y que llega a gobernar un municipio polarizado.
La situación actual también pone sobre la mesa la resistencia que hay al gobierno y la gestión de Pérez. Más en el Hospital San Agustín, una entidad que, además de atender a los más de 40 mil habitantes del municipio, es clave para los políticos y para cualquier alcaldía. “La salud en La Guajira es casi una alcaldía paralela por el dinero que se mueve y la capacidad de conseguir votos en época electoral”, dice una fuente que conoce el sector en el departamento y el municipio y pidió no ser citada.
Sólo en 2021, según información publicada en la página web, el hospital tuvo un presupuesto de ingresos de 11.435 millones de pesos. Casi un tercio del presupuesto total de la Alcaldía para ese momento. Ese mismo año, según la rendición de cuentas del hospital, hubo 159 contratistas y 22 trabajadores entre los de carrera administrativa, provisionales y otros. Con casi 200 trabajadores, la entidad puede convertirse en un fortín político para quien presione por votos o apoyos a favor de un candidato como sucede en San Juan del Cesar.
La pelea por el hospital ya casi completa un mes y es un pulso político entre funcionarios de la administración pasada y el alcalde actual.
La disputa por la gerencia del hospital
En 2020 el entonces alcalde Hamilton García nombró como gerente de la E.S.E. Hospital San Agustín a Yelitza del Carmen Ayala, bacterióloga que llevaba varios años trabajando en la entidad y que estuvo como gerente encargada en los primeros meses de la pandemia. Su nombramiento, por ley, va hasta el 31 de marzo de este año.
El 21 de diciembre de 2023 Ayala firmó una resolución en la que se autorizó a sí misma un permiso de tres días hábiles debido a su embarazo de alto riesgo y a la posibilidad de que se adelantara la fecha de parto. En el documento, ella nombró a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada durante los días que se iba a ausentar y aclaró que, en caso de que ella entrara en licencia de maternidad, el encargo de Amaya cambiaría y se extendería hasta que terminara su licencia o el periodo que le corresponde.
En la resolución, Ayala dice que es de público conocimiento que la gerente encargada también está embarazada y que se le debe respetar su derecho a la estabilidad laboral reforzada por ley. Es decir, que no puede ser despedida. Para ese momento, el alcalde era Hamilton García y recién había sido elegido Micher Pérez.
En su primera semana como alcalde, Pérez expidió un decreto en el que dejaba sin efectos el encargo que había hecho Ayala y aseguraba que el alcalde es el único que tiene capacidad de nombrar y encargar gerentes en el hospital. En el documento el alcalde nombró como gerente encargado a Nayid Cuesta, un enfermero del hospital que ha ocupado ese cargo en varias ocasiones. Pero el encargo no se concretó.
“El alcalde Micher Pérez me hizo el encargo, pero en ningún momento se me entregó el cargo. Sigo trabajando en mi puesto de costumbre colaborando en todo lo que se pueda y esperando que se resuelvan los inconvenientes», le dijo Cuesta a Consonante y no quiso pronunciarse más sobre el caso.
El 10 de enero el periodista Jorge Gómez de Utay Stereo publicó en el que el alcalde Pérez, junto con dos policías, le insisten a Amaya que facilite el documento que la certifica como gerente. La respuesta de ella es que lo entregará a través de la junta directiva y cuando el alcalde lo solicite por escrito. En el video Pérez insiste en que el documento debe ser público y que él es el jefe de ella porque es quien preside la junta directiva.
Un día después de publicado el video, dos de los cinco integrantes de la junta directiva del hospital firmaron el denominado “Acuerdo 01” en el que dicen que, “por mayoría de miembros con voto”, decidieron “convalidar, aclarar y/o reiterar a Kaira Rosa Amaya” como gerente. En el acuerdo también dicen que, según el tesorero del hospital, las cuentas están bloqueadas porque el alcalde envió un oficio a los bancos diciendo que el gerente encargado sería Cuesta, quien autoriza o no los movimientos económicos.
“Es de gran preocupación que hoy la entidad tenga las cuentas bloqueadas porque no se puede hacer pagos de nómina, ni pagos de proveedores y tampoco se puede recibir dinero por parte del Estado», cuenta Darwin Brito, exgerente del hospital y agrega que es “una situación bastante delicada en la parte financiera porque el gerente de turno estará atado de manos para poder hacer cualquier gestión inherente a su cargo”.
Pérez insiste como alcalde que es él quien nombra la gerencia y los encargos en el Hospital San Agustín y quien preside la junta directiva. Mientras que el comunicado de la junta directiva se basa en afirmar que ellos son los superiores jerárquicos de la gerencia. Consonante habló con Mónica Andrea Ulloa, abogada experta en derecho administrativo en salud, para entender quién tiene la razón en estos casos.
Según Ulloa: “El funcionario competente para ejercer la facultad nominadora y por ende un encargo es el jefe de la entidad territorial que, en el caso del hospital, es el alcalde”. Frente a las declaraciones de la junta directiva, explicó que la labor de ese órgano es aprobar el plan de gestión y evaluarlo, más no ratificar nombramientos: “la junta directiva no tiene esa facultad”, dijo
Sin embargo, Ulloa también dijo que bajo su conocimiento, el embarazo de la gerente Kaira Amaya le otorga un fuero de maternidad que la ampara. “Este le da una estabilidad reforzada y es muy probable que un juez de tutela haga valer ese derecho aún cuando la funcionaria haya terminado su periodo. Esto hace que la administración municipal deba revisar jurídicamente la alta probabilidad de un fallo que ampare a la funcionaria”, concluyó.
Un abogado que está apoyando a la alcaldía en el proceso y que habló con Consonante a condición de no ser citado, aseguró que ya pusieron denuncia en contra de ambas gerentes y tres miembros de la junta ante la Fiscalía. Dijo que lo hicieron porque la resolución firmada por Yelitza Ayala va en contra de la ley (prevaricato) por no estar facultada para designar gerente encargada.
Más denuncias de irregularidades
El abogado también contó que puso denuncias en la Contraloría por los posibles hallazgos fiscales que encuentren y en la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación y porque, asegura, la junta directiva ha ocultado documentación. Eso es algo que el alcalde Pérez ha dicho públicamente.
Por ejemplo, ante el medio Semanario Guajiro, Pérez aseguró: “Creen que el hospital es privado, es de familia y ni documentos hay. No se encuentran los estatutos del hospital ni cómo nombran a la gente. Los documentos se los llevan a su casa. No tenemos nada, no tenemos ni las últimas actas que hizo la junta directiva en el hospital”. Contó que ni le quisieron abrir la sala de juntas del hospital.
Consonante intentó comunicarse con la junta directiva del hospital, pero su presidente, Karel Quintero, junto con el abogado que está al frente del caso, dijeron que no se pronunciarán sobre este tema y que esperarán una respuesta del proceso que lleva.
Luis Carlos Toro, médico y miembro del empalme de la alcaldía de Pérez le dijo a Consonante que el gobierno anterior no entregó soportes de la gestión que hizo en los últimos años: “La alcaldía anterior dice que hizo tal programa, que entregaron y gastaron un dinero, pero no hay soportes de nada. No conocemos ni la nómina del hospital, sólo lo que vemos”. Toro afirmó también que del 27 de diciembre al 2 de enero se celebraron 187 contratos que, por ahora, y según el abogado que apoya el proceso del lado de la Alcaldía, son vistos con sospecha porque puede que se hayan firmado sin el cumplimiento de requisitos legales.
A eso se suma la denuncia de algunos trabajadores del hospital que aseguran que no los dejaron leer el contrato que firmaron para continuar con sus labores. “Nos entregaron los contratos para firmarlos por un año y no nos permitieron leer el contenido, pretendían que firmáramos sin saber cuáles eran las condiciones. Al final accedimos como un gesto de colaboración y solidaridad con la jefe”, dijo un médico que pidió la reserva de su nombre para no poner en riesgo su puesto.
Los usuarios y trabajadores quedan en medio de la pelea
“Estamos supremamente preocupados, hay mucha incertidumbre, queremos la presencia del alcalde para saber qué está pasando”, dice Arlettis Gómez, coordinadora del servicio de urgencias del Hospital San Agustín
Según cuenta Gómez, con el bloqueo de las cuentas del hospital no sólo se ha detenido el pago a los trabajadores sino que corre el riesgo de que no haya dinero para tanquear las ambulancias, comprar oxígeno y pagar a proveedores. “No vamos a tener cómo responderle a los usuarios”, dice que teme volver a la época en la que tardaban hasta cinco meses para recibir un pago.
Por esa razón ella entró a paro junto con los demás trabajadores asistenciales del hospital. Servicios como los de consulta externa, urgencias y laboratorios están paralizados en un hospital que cuenta con cinco puestos de salud y ha sido criticado por tener un funcionamiento deficiente.
Toro, médico que estuvo en el empalme de la alcaldía, cuenta algunas de las falencias del hospital: “No tiene espacios adecuados de atención primaria en salud ni consulta especializada, no hay cómo hacer estudios de urgencias ni rayos X. Tampoco hay para hacer una ecografía, los pacientes que van con urgencia vital son referidos a San Juan del César”.
Incluso prefieren o suelen ser remitidas al hospital del municipio vecino. “Todos nuestros hijos son Sanjuaneros porque no nos atrevemos a dar a luz en este hospital porque aquí no hay nada, aquí nunca hay una cita odontológica, la cita la dan de año en año y eso no es justo”, dice Madeleine Jaraba, usuaria del hospital y líder de Fonseca.
Los usuarios son conscientes del efecto que puede tener este paro. Yonelis Cujia, quien ha usado el servicio, dice estar preocupada por la situación: “Nosotros somos los perjudicados. Además de las filas inmensas que hay que hacer desde las tres de la mañana para que nos ofrezcan un servicio regular, ahora ni eso vamos a tener. Ni urgencias tendremos en este pueblo que hay tantos accidentes”.
Las tres usuarias del hospital entrevistadas por Consonante aseguran que esto es una rencilla que quedó tras los resultados electorales de diciembre. Para Madeleine Jaraba, “están tratando de tirarle el agua sucia a la administración actual, cuando el problema viene desde diciembre”, el último mes en el que estuvo la alcaldía de Hamilton García. “Estos roces hay que acabarlos. Ya no estamos en época electoral”, dice Yonelis Cujia, otra de las usuarias del hospital.
Hasta el momento, el mismo alcalde Pérez ha hecho el llamado para dejar atrás una pelea que,según ha dicho, debió terminar en las urnas.
