Una denuncia penal por el presunto delito de prevaricato por acción fue presentada contra la fiscal Diana Alejandra Álvarez Dueñas, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá, por parte del abogado penalista Sergio Luis Fruto Pizarro. El caso gira en torno a la imputación de cargos realizada por la funcionaria contra el notario único del municipio de Santo Tomás, Francisco María Mejía de la Hoz, en un proceso relacionado con la presunta apropiación indebida de un bien del Estado.
Según el denunciante, la fiscal habría construido una imputación sin el debido sustento legal ni fáctico, atribuyéndole al notario actos jurídicamente inexistentes. En la denuncia, Fruto Pizarro afirma que la fiscal presentó una interpretación errónea de las funciones notariales al señalar como delictuosa la autorización de escrituras públicas emitidas con base en certificados de tradición sin restricción alguna.
“No se trata de un error técnico, sino de una imputación dolosa que viola el principio de legalidad”, sostuvo el abogado, quien además acusa a la fiscal de tergiversar el uso de figuras jurídicas sin valor normativo vinculante en el caso concreto, como una instrucción administrativa de la Superintendencia de Notariado de 2015.
El eje de la controversia radica en una escritura pública de la Notaría Segunda de Barranquilla —autorizada por otra notaria, no por Mejía de la Hoz— mediante la cual se oficializó la división material de un predio identificado como matrícula inmobiliaria 041-4321, ubicado en Soledad, Atlántico. Dicha escritura, según el denunciante, fue utilizada como base por la fiscal para señalar al notario de haber facilitado una apropiación indebida a través de una supuesta urbanización ilegal, cuando esta ya había sido autorizada previamente por autoridad competente mediante acto administrativo.
Fruto Pizarro argumenta que el notario no intervino en el proceso de urbanización ni en la elaboración de la escritura en cuestión, y que su función se limitó a autorizar actos jurídicos posteriores conforme a la ley. En su criterio, la imputación no solo desconoce principios básicos del derecho penal, sino que busca criminalizar actos notariales legítimos, lo que podría constituir un uso abusivo del poder punitivo del Estado.
La denuncia también plantea preocupación por el impacto institucional de este tipo de actuaciones, advirtiendo que se pone en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad de la función notarial y la independencia técnica de sus operadores.
Por ahora, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre esta denuncia, y se espera que el ente acusador evalúe su admisibilidad en los próximos días. El caso podría reavivar el debate sobre los límites del control penal frente a los actos notariales y administrativos en Colombia.
