Solicitó un consejo de seguridad urgente para que sean adoptadas medidas encaminadas a la protección de la integridad y vida tanto de docentes como de estudiantes.
La entidad había emitido alertas tempranas en las que advertía sobre el accionar delincuencial de ese grupo armado en poblaciones vecinas a Cimitarra, donde fueron denunciadas las amenazas contra los pedagogos.
La Defensoría del Pueblo condenó las amenazas que habrían hecho presuntos miembros del Clan del Golfo contra docentes del corregimiento de Puerto Olaya, del municipio de Cimitarra, en Santander, según denuncias hechas por el gobernador Mauricio Aguilar. Según el funcionario, los delincuentes ingresaron a los salones de algunas escuelas y, armas en mano, delante de los estudiantes intimidaron y torturaron a los profesores para que no dieran clases.
La Entidad rechaza de manera enérgica las amenazas de grupos armados ilegales contra docentes en Santander, amenazas que pretenden intimidarlos para que no ejerzan su labor. Este nuevo hecho afecta los derechos tanto de los profesores como los de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 027 de 2022 en la que advertía sobre la incursión y acción del Clan del Golfo en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja, Santander. De igual forma, emitió la Alerta Temprana 051 de 2019 que cobijaba al municipio de Puerto Berrío, Antioquia; en el documento de carácter preventivo advirtió cómo ese grupo armado, que delinque en esa población antioqueña, podría extender su accionar criminal a Puerto Olaya, corregimiento santandereano vecino.
La Defensoría del Pueblo, a través de su regional Magdalena Medio, le solicita a la Gobernación de Santander que convoque un consejo de seguridad de inmediato para que adopten medidas encaminas a la protección de la integridad y la vida de los docentes y estudiantes de Puerto Olaya.
Desde el 2018 hasta la fecha la Defensoría del Pueblo ha emitido siete Alertas Tempranas para Santander, a través de las que ha advertido sobre amenazas, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual, confinamiento, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos. Concretamente, la Alerta Temprana 004 de 2022 había advertido el riesgo de afectación para docentes en el departamento, sobre las amenazas de los grupos armados por su labor de educadores.
La Defensoría del Pueblo reitera su llamado a los grupos armados ilegales para que, en cumplimiento de la Declaración de Escuelas Seguras y en el marco de la normativa del Derecho Internacional Humanitario sobre la protección especial de la que gozan las instituciones educativas, no hagan presencia en los centros de formación académica, ni generen temor y zozobra en el cuerpo docente y en el entorno de nuestros estudiantes.
Además de su llamado a la Gobernación, también llamó la atención de las autoridades nacionales: Los docentes no pueden ser víctimas de situaciones que pongan en peligro su vida. Es pertinente adelantar acciones de fortalecimiento de la seguridad en las instituciones educativas.
