La Defensoría activó desde el primer momento la ruta de protección para el joven que resultó herido tras un operativo del Ejército en San Vicente del Caguán y hoy falleció en la Clínica Medilaser de Florencia.
La entidad les solicitó a las autoridades judiciales verificar si en el bombardeo al campamento de las disidencias de las Farc, resultaron afectados otros menores de edad.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis condenó la muerte de Yeison Stiven Yule Pequi, un joven de 17 años perteneciente al resguardo indígena Altamira, que falleció tras un operativo en el que el Ejército bombardeo un campamento de disidencias de las Farc.
En medio del operativo, realizado el 5 de julio en vereda La Esperanza del municipio de San Vicente del Caguán, fallecieron 5 disidentes de la antigua guerrilla y la Defensoría del Pueblo había activado el protocolo de protección institucional a favor de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, para el joven que falleció en la mañana de hoy en la Clínica Medilaser de Florencia.
“La situación desencadenada por el bombardeo contra las disidencias, pone en evidencia la grave situación de reclutamiento forzado en las zonas objeto de dominio territorial y combate por parte de estos grupos armados ilegales. Como Defensor del Pueblo lamentó profundamente la muerte de todos los niños y niñas que caen en el conflicto, en el que no deberían participar. Estamos realizando un acompañamiento a la familia del menor de edad de Yeison Yule, quien había sido víctima de reclutamiento desde hace un año, según le informó la familia a nuestro defensor comunitario”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Un equipo del a Regional Caquetá ha hecho presencia de manera permanente en la zona de alta incidencia de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, quienes como víctimas de este flagelo demandando protección del Estado, acciones de respeto, garantía y restitución de sus derechos. Allí además se recibirán quejas y peticiones por parte de la comunidad.
En el caso del adolescente, la entidad brinda asistencia a sus familiares y gestiona con las autoridades locales para que puedan realizar las exequias.
“Solicitamos a las autoridades judiciales priorizar las investigaciones correspondientes sobre el hecho y validar que en la operación realizada por el Ejército no se hayan visto afectados otros menores de edad”, puntualizó Camargo Assis.
