Defensor envió un mensaje de solidaridad a los familiares de los líderes campesinos del Magdalena Medio Teófilo Acuña y Jorge Tafur, quiénes fueron asesinados en San Martín (Cesar).
“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro rechazo a la serie de acciones criminales que los grupos armados ilegales han venido adelantando en las últimas horas, de manera particular el homicidio de dos líderes campesinos del Magdalena Medio, además de ataques contra la infraestructura física y vial en Cesar, Santander y Cauca”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al hacer un balance de las acciones que los grupos armados ilegales han desarrollado en las últimas horas.
De manera particular, Carlos Camargo envió un mensaje de solidaridad para las familias de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, y para los líderes sociales del país por esta pérdida que afecta directamente a las comunidades que representan y que busca afectar las bases de la democracia. “Seguiremos acompañando a las comunidades y a los líderes para que el Estado garantice el ejercicio de sus derechos”, dijo.
Frente al paro armado que realiza la guerrilla del ELN en varias regiones del país, bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo insistió en que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos.
“A través de nuestra alerta 004 de 2022 hemos advertido riesgos extremo y alto para 274 municipios por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales, de manera particular en aquellas regiones donde se registra presencia por parte del ELN”, dijo Carlos Camargo.
El Defensor del Pueblo pidió a los grupos armados ilegales dejar a los ciudadanos fuera de actos violentos que restringen sus derechos. “Directamente, desde el territorio hemos venido haciendo acompañamiento permanente a las comunidades que han resultado afectadas por las acciones de los grupos armados, a quienes reiteramos nuestro llamado para dejar a la población civil por fuera de sus acciones criminales”.
“Al unísono, todos los colombianos repudiamos estas acciones que buscan sembrar miedo y zozobra, y reiteramos que el país cuenta con una institucionalidad vigorosa y que trabaja de manera articulada en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos”, puntualizó al término de una reunión con los 42 defensores regionales quienes vienen haciendo seguimiento permanente a las últimas acciones de los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo rechaza el atentado que destruyó el puente La Tijera, a cuatro kilómetros de Pailitas, Cesar; el atentado con explosivos en la carretera San Gil- Socorro, en Santander, donde resultaron 9 personas heridas, entre ellos 7 trabajadores que hacían mantenimiento a la vía y dos ciudadanos que se movilizaban en motocicleta.
Además de la afectación a la libre movilidad de la población civil por parte del ELN que dispuso de elementos e insignias en la Vía Panamericana Popayán – Santander de Quilichao, y en la vía Popayán – Timbío, en el Cauca y en Buenaventura donde la comunidad se encuentra con restricciones en la movilidad marítima y fluvial. También algunas instituciones educativas han decidido cancelar clases y no se está prestando el servicio de transporte terrestre hacia Chocó.
A estos hechos se suma, además, el paro armado promovido por grupos armados ilegales en Arauca donde se suspendió el trasporte intermunicipal y hacia afuera del departamento, y también se suspendieron las actividades escolares presenciales.
De la misma forma, recalcó que desde la Defensoría del Pueblo se está haciendo acompañamiento permanente a las comunidades atendiendo sus preocupaciones, atendiendo sus quejas y siempre procurando por el restablecimiento de sus derechos
El Defensor del Pueblo dijo que todas las Regionales hacen vigilancia especial a las acciones de los grupos armados ilegales en el marco de la alerta 004 de 2022 e informó que desde las primeras horas del día está en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) al interior de la entidad en el que está en permanente comunicación con los defensores regionales donde se reporta la situación de orden público del país y el acompañamiento a las comunidades.
Finalmente, requirió a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para que protejan las vías y aseguren con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de grupos armados ilegales que puedan afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables.
