El reciente atentado contra la Guardia Nacional de México, ocurrido el 28 de mayo en la frontera entre Jalisco y Michoacán, dejó no solo luto, sino un nuevo capítulo en la creciente preocupación por la participación de exmilitares colombianos en estructuras criminales internacionales.
Tras la captura de 17 personas por su presunta participación en el ataque —11 de ellas de nacionalidad colombiana—, la Cancillería colombiana confirmó que al menos 11 de los implicados habían tenido vínculos anteriores con las Fuerzas Militares de Colombia. Esta revelación expone una problemática cada vez más compleja: el tránsito de militares entrenados hacia el crimen organizado tras su desvinculación del servicio.
Aunque las autoridades han tratado el caso como un incidente aislado, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad llevan años alertando sobre la cooptación sistemática de exmilitares por parte de carteles y redes transnacionales. La experiencia en combate, el conocimiento táctico y el manejo de armas convierten a estos hombres en piezas codiciadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes.
En 2024, al menos siete colombianos desaparecieron en Michoacán, México, tras ser atraídos por falsas ofertas laborales y posteriormente obligados a participar en conflictos armados por el control del narcotráfico. Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras han sido identificados como los principales responsables de estas operaciones de reclutamiento forzado .
Falta de oportunidades, exceso de entrenamiento
La desmovilización de miles de hombres tras el conflicto armado y las reducciones en el presupuesto de defensa dejaron a muchos exuniformados en condiciones precarias. La falta de apoyo estatal en programas de reincorporación y la escasa oferta laboral para personas con perfil militar ha sido terreno fértil para su reclutamiento por redes ilegales.
“El Estado colombiano entrena a soldados de élite, pero no les ofrece un camino viable cuando dejan de ser útiles para la guerra. Lo que estamos viendo en México es una consecuencia directa de esa falla estructural”, explica un analista veterano.
México no es el único país que ha registrado la presencia de exmilitares colombianos en escenarios criminales. En años anteriores, se reportaron casos similares en Haití —incluido el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021— y en países de África Occidental, donde varios excombatientes han sido contratados por grupos paramilitares.
La internacionalización del conflicto y de sus actores no es nueva, pero sí está tomando nuevas formas. La creciente articulación entre carteles mexicanos y estructuras armadas colombianas ha generado un flujo bidireccional de armas, drogas y personal entrenado, en una dinámica que no reconoce fronteras.
¿Y la respuesta estatal?
En su comunicado, la Cancillería colombiana lamentó los hechos y se comprometió a brindar acompañamiento consular a los detenidos. Sin embargo, no hubo mención de una política concreta para frenar este fenómeno, ni un reconocimiento de las fallas en la reintegración de personal militar.
La omisión es sintomática. La seguridad en Colombia sigue siendo tratada bajo una lógica reactiva, mientras que los problemas estructurales que empujan a los exmilitares al crimen siguen sin atenderse.
