La reciente decisión de un grupo de congresistas colombianos de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar supuestas amenazas y ataques ha generado controversia en distintos sectores políticos y sociales del país. Mientras los legisladores aseguran que su labor parlamentaria ha sido blanco de hostigamientos, críticos señalan que esta movida podría responder más a una estrategia mediática que a una situación real de riesgo.
Voces desde la oposición han calificado la iniciativa como una forma de victimización política, argumentando que las denuncias carecen de pruebas contundentes y se basan, en muchos casos, en críticas legítimas que hacen parte del debate democrático. “En una democracia no se puede confundir el disenso con el ataque. Lo que están haciendo algunos congresistas es querer blindarse frente al escrutinio público”, señaló un analista político.
De igual forma, se cuestiona que se acuda a instancias internacionales sin agotar los canales institucionales internos, como la Unidad Nacional de Protección o los mecanismos judiciales disponibles en el país. Algunos sectores consideran que el paso hacia la CIDH podría estar motivado más por cálculos políticos que por una real preocupación por la seguridad.
“Es curioso que se recurra a organismos internacionales justo en medio de un ambiente de tensión política, cuando más se busca proyectar una narrativa de persecución. Hay que diferenciar entre amenazas reales y el uso del discurso del miedo para ganar simpatía o desviar la atención de otros temas”, expresaron desde sectores críticos.
A pesar de las reacciones adversas, los congresistas insisten en que existen hechos documentados que respaldan su decisión, aunque hasta el momento no han hecho públicos los detalles del informe que presentarán ante la CIDH. La solicitud incluiría, según anunciaron, un llamado al Estado colombiano para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del poder legislativo.
El debate sigue abierto. Mientras unos ven en esta acción una legítima defensa de los derechos humanos, otros consideran que se trata de un intento por internacionalizar un conflicto político interno y deslegitimar las críticas que hacen parte del debate democrático.
