Por: Jorge Vergara Carbó
El tema durante este mes de abril y lo corrido del año, no será solo sobre la pandemia y la demora en la vacunación, sino también acaparara las noticias la tercera reforma tributaria del presidente Iván Duque, quién en campaña prometió no incrementar los impuestos.
Pero estamos en Colombia, donde los presidentes de la República tienen la costumbre de prometer cosas, al igual que alcaldes, gobernadores, parlamentarios y por supuesto no cumplirlas y seguir gobernando sin impórtales un rábano la gente, que de seguro volverán a votar por ellos, como lo han hecho de por años. Nuestro país es único, existen Leyes para cada cosa, pero que no se cumplen. Por eso hizo carrera en Colombia que “la ley es para los de ruana”.
Que hacemos, ese es nuestro país. Con la pandemia, los gremios de la producción presionaron a los mandatarios de turno para que abrieran la economía. Muchos mandatarios lo hicieron, algunos mandaron un mensaje equivocado a sus habitantes creando optimismo y hoy tenemos un alto número de contagiados muchos sin poder ser atendidos en las clínicas por no contar con cupos y menos con una uci.
Algo parecido está pasando con el tema reforma tributaria, que para vendérnosla el presidente Duque ha utilizado nombres diferentes como “Ley de Financiamiento (2018)”, Ley de Crecimiento Económico (2019), y ahora “Ley de Transformación Social Solidaria (2021). Tres reformas tributarias disfrazadas con nombres diferentes en tres años de gobierno de Iván Duque, un nuevo record en el país.
Pero ninguna de las dos (2) primeras alcanzaron el objetivo central que era disminuir el déficit fiscal, y no lo lograron porque con las dos primeras lo que se hizo fue favorecer a los grandes capitales y a los empresarios bajándoles los impuestos y otorgándoles unos beneficios que no los necesitaban, tal como la deducción del ICA, que nos costó $7 billones de pesos, y la disminución en imporrent. Recursos que hoy hacen falta para invertirlos en la pandemia.
Por ello en los próximos días presentara su tercera reforma tributaria con la cual esperan recaudar adicionalmente unos $26.1 billones de pesos, anuales, equivalente al 2.45% del PIB del año 2019($1062 billones).
Si bien este año las proyecciones sobre el crecimiento económico del país giran alrededor del 5.1%(FMI-Banco de la República), después de un crecimiento negativo el año anterior del 6.8%, terminaremos el año con un déficit fiscal del 8.6% del PIB, es decir un déficit de $91.3 billones, el cual se espera reducirlos al 2%, en cinco años, según la aplicación de la Regla Fiscal, la cual esperan volver a retomar. Igualmente la deuda externa del país se ha incrementado hasta el punto que terminaremos el año, con una deuda del 63.5%, del PIB (2019), unos $674.3 billones, equivalente a US$184.973 millones, a la tasa de cambio del 7 de abril $3.645.4.
A lo anterior hay que agregar un desempleo del 20%, unos niveles de pobreza superiores al 50%, y un incremento en los contagios lo que ha motivado volver a entrar en cuarentena, con los efectos sobre la actividad económica que no se ha recuperado en los tres primeros meses de este año.
Ante este panorama económico generado en parte por la pandemia, nos lleva a preguntarnos lo siguiente ¿Se Justifica Si o No una Reforma Tributaria? Vaya pregunta que no es fácil de responder. Veamos por parte, las firmas calificadoras están presionando al gobierno para que la presente so pena de calificar mal su capacidad de endeudamiento con las consecuencias que eso conlleva.
El FMI-Banco Mundial. BID, también presionan para que se presente esa reforma, para poder continuar otorgándoles préstamos al gobierno, tal como acaba de acontecer en la Asamblea del BID, realizada recientemente en Barranquilla, donde nos concedieron más de US$1.200 millones. Esa es la visión desde afuera.
Internamente también existen posiciones, algunas encontradas inclusos en los mismos gremios económicos, por ejemplo FENALCO se opone a toda la reforma, aduce que no es el momento para aplicarla, que lo que se debe hacer es disminuir el tamaño del Estado, la ANDI dice que es “prioritaria”, Asocaña dice que IVA al azúcar “afectará a familias”, ANIF plantea “eliminar mayoría de exenciones en Renta e IVA”, Camacol que “se debe incrementar la inversión, el desarrollo empresarial y mejorar el control a la evasión”, Asobancaria dice “ampliación de la base tributaria tanto de personas naturales como jurídicas y cambios en los impuestos indirectos(IVA)”, Fedecafe, dice “no IVA al café”, Fedesarrollo considera “urgente una reforma tributaria de grandes proporciones”, los sindicatos y centrales obreras le dicen “no a la reforma tributaria y plantean un paro nacional el 28 de abril”,.
En los expertos también hay división, algunos manifiestan que es una reforma en contra de la clase media, pero en términos generales planten la necesidad de eliminar las exenciones a las empresas ubicadas en zonas francas, incrementar el impuesto a la renta y patrimonio de los más ricos, no al IVA a la canasta familiar y revisar las exenciones para eliminar aquellas que no necesitan algunos sectores empresariales.
Señores, es conveniente antes de decirles cual es mi posición con relación a la reforma que se enteren de lo siguiente:
- La evasión en Colombia por el IVA y Renta es del 4.2% del PIB, es decir anualmente dejamos de recaudar $44.6 billones.
- Las exenciones del IVA y Renta son el 8%, del PIB, equivalente a $85 billones.
- El recaudo tributario en el año 2020, fue de $146.2 billones, que representa el 13.8%, del PIB (2019), o sea unos $146.2 billones. Con la propuesta del gobierno de gravar más artículos con el IVA e incrementar el tributo a las personas naturales y otros, se aspira a recaudar adicionalmente $26.1 billones.
- O sea recaudar un 2.4% más del PIB, lo que significa que el recaudo tributario en el año 2022, será del 16.2%, del PIB del año 2019, porcentaje inferior a los países principales de latino américa y por supuesto de la OCDE.
- La corrupción nos cuesta $50billones anuales, el 4.7%, del PIB.
El recaudo tributario de la OCDE es del 34%. En Europa oscila entre el 35.2% y 47.2%, en los Estados Unidos es de “6.8%, en Japón 31.4%, en Argentina 28.8%, en Brasil 33.1%, en Chile 21.1%, en Perú 16.4% y en México 16.1%. Todos por encima de lo recaudado en Colombia.
En síntesis la evasión, elusión, exenciones y corrupción nos cuesta a los colombianos $179.6 billones, el 16.9% del PIB. Dinero suficiente para cubrir el déficit fiscal de $91.3 billones (8.6%x 1062), disminuir los niveles de endeudamiento que están en el 63.5%, e invertir en lo social y en obras de infraestructura que tanta falta le hace al país.
La evasión tributaria es un mal endeble que se da en todo el mundo, a pesar de existir controles y disposiciones legales que cada país.
El más eficiente en el recaudo tributario son los Estados Unidos. En ese país quién evade va a la cárcel y además debe pagar una multa, sea quien sea. Su legislación contempla sanciones económicas superiores a los US$100.000 dólares, y cárcel intramural hasta cinco años. Pagar la multa no lo exime de ir a la cárcel.
En Colombia, que estamos a acostumbrados a copiar o hacer lo que digan los míster, no aplicamos las cosas buenas que ellos hacen al pie de la letra en materia de evasión de impuestos porque los que evaden son los ricos, dado que los pobres y los asalariados que constituyen la clase media NO pueden evadir impuestos porque a los que trabajan se los descuentan por la derecha con la retención en la fuente y los pobres no tienen nada que declarar porque viven del rebusque,, lo que no les permite alcanzar de ingreso el equivalente a un salario mínimo.
Los ricos en Colombia por evadir, al igual que los funcionarios públicos incurso en corrupción no van a la cárcel .Nuestra legislación contempla en su artículo 71 de la ley 2010 de 2019, las sanciones a que se hacen merecedores quienes evadan impuestos entre 250 y 2.500 SMLV, una pena entre 36 a 60 meses, la cual se incrementa a medida que aumente el valor de la evasión.
Lo endeble de la norma es que si el evasor paga el impuesto, las multas e intereses la acción penal se extinguirá. No va a la cárcel y eso es lo que duele. Por ello hacen la trampa porque consideran que vale la pena correr el riesgo ante las probabilidades que le demuestren que evadió los impuestos.
Ahora cuento con elementos suficientes para responder al interrogante de ¿sí o no debe aprobarse la tercera reforma tributaria de Duque?
Mi respuesta es que sí. Colombia necesita urgente una reforma estructural de nuestra base impositiva, para que los niveles de recaudo por lo menos sean en principio del orden del 25%, del PIB, es decir debemos recaudar anualmente $265.5 billones, unos $119.3 billones, por encima de lo recaudado históricamente. Ese porcentaje de recaudo solo se alcanza con una reforma tributaria estructural que le permita disminuir la evasión, eliminar las exenciones y disminuir la corrupción. Para ello se necesita voluntad política, la cual nunca ha existido, por eso tenemos niveles bajos de recaudo y alta concentración de la riqueza y de la tierra.
La reforma debe presentarse y aprobarse solo si se incluye en su articulado lo siguiente:
- A quién evada, no declarando todos su ingresos en el extranjero que superen los US$10.000, a quienes lleven doble contabilidad, a quienes registren pasivos no existentes, a quienes relacionen como pasivos a personas que no declaran renta , a quienes se les compruebe elusión tributaria, a quienes laven dinero, a quienes tengan patrimonio en el exterior sin declararlo(fuga de capital), a quienes se les clasifique como contrabandista y a quienes relacionen gastos ficticios como incluir los gastos personales con cargo a la empresa, tendrán una sanción penal entre dos y ocho años, intramural, aparte de cancelar los impuestos, multas e intereses dejados de pagar a la DIAN.
- Se eliminan todas las exenciones al impuesto sobre la renta de las empresas, especialmente el régimen de Zonas Francas.
- Gravar todos los bienes y servicios con un IVA del 12% o 15%, manteniendo la tarifa del 19%, para los bienes considerados suntuarios, y mantener la exoneración para los bienes de primera necesidad, y devolverle a los extranjeros que nos visiten el pago del IVA a la salida del país, soportado con su respectiva factura.
- Todo funcionario público que sea sancionado por actos de corrupción tendrá una pena que deberá cumplir en prisión de acuerdo al tipo de delito cometido y establecido en el Código penal colombiano. No habrá casa por cárcel.
Como pueden ver, hay salida a nuestra situación, el único problema es que quienes gobiernan solo piensan en sus intereses y no en los de la comunidad que los eligió.
Si en el proyecto de ley que van a presentar, incluyen estos tres artículos tengan por seguro, que .lograremos salir de la encrucijada en que nos encontramos. Eso es lo que tenemos que bregar, no tomar la posición más facilista de decir “No la reforma tributaria” porque eso le conviene es a los ricos, que ante la negativa de las centrales obreras y de los partidos políticos alternativos les permite mantener el sistema actual que le genera beneficios.
La lucha debe ser diferente, movilizarnos para forzar al gobierno a presentar una reforma tributaria estructural que corrija el déficit que venimos arrastrando afectando a la inversión social.
Parece utópico lo que estoy planteando, pero entiendan que soñar no cuesta nada. Con esta propuesta es posible que en el año 2022, recaudemos adicionalmente por evasión de impuestos y eliminación de exenciones alrededor de $100 billones, y por actos de corrupción $ 25 billones. O sea $125 billones, un 11.8%, del PIB. Dinero suficiente para cubrir el déficit fiscal y cumplir con los programas sociales, sin necesidad de gravar a la clase media y otorgarle un ingreso solidario mensual a las familias pobres de por vida entre $400.000 y $500.000
Ahora, yo les pregunto a ustedes ¿Será posible que en Colombia se aprueben estos tres artículos y se cumplan? Ser iluso a veces paga.
La segunda crónica, para la semana entrante ¿lo que propone el gobierno?
