La tensión en el suroccidente del país continúa escalando tras la retención de 57 soldados del Ejército Nacional en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. Los uniformados fueron privados de la libertad por integrantes de comunidades campesinas que, según denuncias, buscan presionar el retiro de la Fuerza Pública del territorio.
Este lunes, la Defensoría del Pueblo elevó un llamado urgente por la liberación inmediata e incondicional de los uniformados, advirtiendo que la retención de personas, aun en contextos de conflictividad social, constituye un delito penal y vulnera gravemente los derechos humanos.
“No hay justificación para que civiles participen en privaciones ilegales de la libertad. Estas conductas están tipificadas como delitos en la legislación colombiana”, señaló la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz en un pronunciamiento oficial.
La Defensoría advierte sobre la responsabilidad penal de civiles
El organismo de derechos humanos instó a las comunidades involucradas a evitar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad personal de los soldados, al tiempo que recordó que la justicia deberá evaluar caso por caso la responsabilidad individual de quienes participaron en la retención.
“La responsabilidad, inclusive penal, de quienes participan en estos hechos debe ser analizada. La privación arbitraria de la libertad no es una forma legítima de protesta”, reiteró la entidad.
Se reitera disposición para facilitar el diálogo
La Defensoría del Pueblo también ofreció su capacidad institucional y neutral para mediar y facilitar canales de diálogo humanitario, en busca de una salida pacífica al conflicto. “Estamos dispuestos a acompañar cualquier proceso que conduzca a la entrega segura de los uniformados y a proteger la vida de todas las personas involucradas”, puntualizó la entidad.
Esta retención se produce en un contexto de alta tensión en el departamento del Cauca, donde confluyen intereses de grupos armados ilegales, presencia militar sostenida y comunidades históricamente vulneradas por el conflicto.
Líderes comunitarios aseguran que la presencia de la Fuerza Pública ha generado situaciones de inseguridad en la zona, mientras que las autoridades insisten en que la institucionalidad debe prevalecer y que el respeto al Estado de Derecho es irrenunciable.
Fiscalía ya investiga los hechos
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación abrió indagaciones preliminares para establecer responsabilidades penales por la retención de los soldados. Las investigaciones se centrarán en determinar si se configura el delito de secuestro agravado, cuya pena podría superar los 30 años de prisión.
A medida que transcurren las horas, crece la expectativa por una solución negociada. Organismos humanitarios, autoridades locales y el Gobierno Nacional han sido convocados a evitar un desenlace violento y propiciar la liberación inmediata de los 57 uniformados, garantizando tanto su bienestar como el respeto a la población civil.
La situación en El Tambo representa una nueva alerta sobre la fragilidad del orden institucional en zonas de alta conflictividad, donde el abandono estatal y la tensión con la Fuerza Pública amenazan con minar los cimientos de la convivencia pacífica.
