El tribunal advierte que evaluará la legalidad de la decisión anunciada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre de suspender extradiciones hacia Estados Unidos en el marco de la «Paz Total».
En una respuesta institucional que marca distancia frente a los recientes anuncios del Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia advirtió que examinará con rigor jurídico la decisión del Ministerio de Justicia de suspender las extradiciones de miembros de grupos armados con requerimientos vigentes en Estados Unidos.
La Corte reaccionó luego de que el ministro Montealegre confirmara públicamente que el Ejecutivo evalúa congelar extradiciones de algunos jefes guerrilleros, en un intento por “facilitar los procesos de diálogo” con estructuras del crimen armado que han manifestado voluntad de acogerse a la política de “Paz Total”.
El pronunciamiento del alto tribunal, en cabeza de su Sala de Casación Penal, fue tajante: la figura de la extradición no puede ser manipulada políticamente ni suspendida por decisión unilateral del Gobierno. La Corte recordó que estas solicitudes responden a convenios internacionales firmados por Colombia principalmente con Estados Unidos y que cualquier medida que las interrumpa debe tener un sustento jurídico claro y estar alineada con los tratados vigentes.
“Las autorizaciones de extradición se rigen por un marco constitucional que no permite alteraciones arbitrarias”, señaló un magistrado de la Sala Penal consultado por El Espacio Noticias.
Tensión diplomática en el aire
La medida anunciada por el ministro Osuna ocurre en un momento delicado. Estados Unidos ha solicitado en las últimas semanas la entrega de al menos cuatro cabecillas del Estado Mayor Central y del ELN por cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de activos.
Fuentes diplomáticas en Washington advirtieron en privado que la suspensión de extradiciones podría generar tensiones en la cooperación bilateral en seguridad y justicia, uno de los pilares históricos de las relaciones entre ambos países.
¿Paz o prevaricato?
Mientras el Ejecutivo argumenta que la suspensión busca evitar rupturas en los acercamientos con organizaciones armadas, sectores judiciales y políticos advierten que se estaría incurriendo en un acto de prevaricato administrativo, al obstruir órdenes judiciales y tratados internacionales sin el aval de la Corte.
“La justicia no puede ser una moneda de cambio para la negociación con criminales”, sentenció la senadora María Fernanda Cabal.
El alto tribunal solicitó al Gobierno la entrega inmediata de los documentos oficiales que sustentan la decisión de frenar extradiciones, con el fin de determinar si hay un vicio de legalidad o una extralimitación de funciones por parte del Ministerio de Justicia.
Expertos constitucionalistas consultados por este medio coinciden en que la Corte podría suspender los efectos de dicha decisión si encuentra que se vulnera el principio de colaboración armónica entre poderes o los compromisos internacionales de Colombia.
Una tormenta jurídica en desarrollo
La controversia apenas comienza. Si bien el Gobierno insiste en que la suspensión no implica impunidad, sino un instrumento para avanzar hacia la desactivación del conflicto armado, la Corte Suprema deja claro que la legalidad no puede sacrificarse en nombre de la paz.
El país se encuentra, una vez más, ante una encrucijada institucional: ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en nombre de la reconciliación, sin desbordar los límites del Estado de Derecho?
