Este lunes 2 de octubre, La Corte Constitucional determinó que el Decreto 1085 de 2023, con el que el gobierno central, en el que se manifiestaba a la Guajira en Estado de Emergencia económica, social y ecológica, que han vivido Duranre décadas en crisis humanitaria a falta de acceso a servicios básicos vitales.
Ante ello, la Sala plena llegó a la conclusión tras estudiar con detalle la ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo, a través de la que argumentó los motivos por los cuales había sido necesario unir, en un solo recurso, todos los elementos estructurales que comprendían la crisis.
Es importante decir que La Sala exhortó al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República para que, “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”.
Por lo tanto, informó para que se fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.
No menos importante hay que decir que influyó la propuesta presentada inicialmente por la Magistrada que fue la Sentencia C-383 2023. Esta fue estudiada junto a la de conjunta de Diana Fajardo y el magistrado José Fernando Reyes. Salvaron su voto, las magistradas Ángel y Cristina Pardo y el magistrado Juan Carlos Cortés, mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.
Entonces, hay que informar que este fallo sienta un precedente constitucional, ya que no es el único Decreto que pretende atender la emergencia humanitaria en La Guajira.
De acuerdo a lo anterior, se han expedido en el pasado 11 medidas más de este tipo.
Asimismo, la misma Corte declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional (EIC) frente a la situación de extrema pobreza y desnutrición por la que atraviesa la niñez Wayúu.
