La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reformar sus procedimientos de asignación de esquemas de seguridad. Esto surge tras una denuncia del abogado Víctor Mosquera Marín, quien argumentó que la reducción de su esquema de protección fue injustificada y vulneró sus derechos fundamentales.
La sentencia T-432 de 2024 indica que la UNP disminuyó la seguridad de Mosquera sin la debida motivación. Mosquera, quien inicialmente contaba con un esquema de seguridad robusto, sufrió una reducción significativa en su protección, lo que la Corte consideró no justificado, violando así sus derechos a la vida, integridad, seguridad personal y debido proceso.
La Corte identificó tres fallas en el actuar de la UNP: una evaluación incompleta del riesgo, falta de justificación en la calificación del nivel de riesgo y una reducción del esquema sin una adecuada motivación. Como resultado, ordenó la restitución completa de la protección de Mosquera y una nueva evaluación de riesgo.
Este fallo también subraya problemas estructurales en la UNP, instando a que sus procedimientos sean más claros y justificados para evitar decisiones arbitrarias que puedan poner en riesgo la vida e integridad de las personas protegidas.
