El ente de control realizó procedimientos disciplinarios en la Unidad Militar de Bello Antioquia, donde se llevó la requisa de las siete camionetas; en la Oficina de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Nacional de Protección.
Para identificar servidores públicos que hubiesen incurrido en posibles irregularidades por el caso de la caravana interceptada por el Ejército Nacional de las disidencias de las Farc en Antioquia, la Procuraduría realizó tres inspecciones disciplinarias.
El ente de control este miércoles, se desplazó hasta Bello, Antioquia, a la Unidad Militar, en donde recaudó y practicó las pruebas pertinentes, conducentes y útiles que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la retención y posterior requisa de las camionetas de la UNP involucradas en los hechos ocurridos el 23 de julio 2024.
De igual manera, la Procuraduría, a través del equipo forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, practicó la diligencia disciplinaria en la Oficina del Alta Consejería para la Paz, en donde obtuvo, entre otros documentos y testimonios, las resoluciones mediante las cuales se otorgó a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central que se desplazaban en la caravana, el papel como negociadores o facilitadores en el proceso de paz con el grupo insurgente.
Por su parte, en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio Público recopiló mediante la inspección, manuales de funciones, protocolos de seguridad de los funcionarios que conformaban el esquema de seguridad de las personas que se transportaban en las camionetas.
De igual manera, los manuales, protocolos y resoluciones que regulen la protección de personas en el marco del cese al fuego en el proceso de negociación entre el Estado Colombiano y el GAOR – Estado Mayor Central, así como los que regulen los esquemas colectivos de protección implementados por la UNP.
Luego de analizar la información recolectada durante las prácticas, se identificarán las posibles faltas disciplinarias y los servidores públicos que pudieron proceder de manera irregular en estos hechos.
