En una decisión que vuelve a poner en el foco la corrupción en La Guajira, la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento, Hernando David Deluque Freyle, padre del actual senador Alfredo Deluque Zuleta, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo.
La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal le impuso una pena de 103 meses de prisión, una multa de más de 81 millones de pesos, y 9 años y 3 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Aunque se le negó la suspensión condicional de la pena, el tribunal le concedió prisión domiciliaria, debido a condiciones personales y su avanzada edad.
Junto a Deluque Freyle también fueron condenados dos exgobernadores encargados: Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Gragozo Daza, con penas de 100 meses de prisión, multas de más de 40 millones de pesos e igual período de inhabilidad para ocupar cargos públicos. A ellos también se les concedió prisión domiciliaria.
El caso: contratos fraccionados y violación a la transparencia
El proceso penal giró en torno a una modalidad de contratación ilícita común en administraciones corruptas: el fraccionamiento indebido de contratos, una maniobra que consiste en dividir un mismo objeto contractual en varios contratos menores, evadiendo así los procesos de licitación pública.
De acuerdo con la Corte, los hechos ocurrieron entre los años 2002 y 2003, cuando los tres condenados, en ejercicio de la gobernación —ya fuera como titulares o encargados, firmaron varios contratos de obra y prestación de servicios violando principios esenciales del régimen contractual colombiano, como la transparencia, selección objetiva y planeación.
“Los procesados optaron libremente por proseguir con la actuación contractual pese a conocer su ilegalidad, afectando de forma directa el patrimonio público”, señaló el fallo.
¿Quién es Alfredo Deluque Zuleta, el hijo senador?
La noticia toma aún más relevancia por el vínculo familiar de uno de los condenados con una figura central de la política nacional: el senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta, actual congresista por el Partido de La U y uno de los políticos más influyentes del Caribe colombiano.
Alfredo Deluque fue presidente de la Cámara de Representantes en 2013, ha sido congresista durante varios periodos y es un actor clave en la política guajira. En las elecciones legislativas de 2022, fue electo nuevamente como senador, consolidando un poder regional heredado de su padre.
Deluque Zuleta ha sido salpicado por varios escándalos relacionados con clientelismo, manejo de cuotas en entidades públicas y supuestas relaciones con clanes políticos cuestionados. No obstante, nunca ha sido condenado penalmente. Sin embargo, esta nueva condena contra su padre, quien fue una figura central en su formación política y en la consolidación del poder familiar, revive cuestionamientos sobre el origen y sostenimiento de su capital político.
Un clan político que se mantiene a pesar de las condenas
El apellido Deluque es uno de los más tradicionales en la política guajira. Hernando Deluque Freyle fue también senador y tuvo un papel relevante en el fortalecimiento del Partido Liberal en la región antes de su paso al Partido de La U.
Pese a las investigaciones, condenas y denuncias mediáticas, el clan Deluque ha sobrevivido políticamente, como muchos otros en La Guajira, donde la corrupción ha convivido históricamente con el poder electoral. La sentencia, aunque significativa, llega más de dos décadas después de los hechos, lo cual también plantea interrogantes sobre la lentitud de la justicia frente a delitos contra la administración pública.
Hasta el momento, ni el senador Deluque ni el Partido de La U se han pronunciado públicamente sobre la condena de su padre. La decisión de la Corte es de primera instancia, pero como el fallo proviene del máximo tribunal de cierre, tiene efecto inmediato.
Entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría podrían ahora activar procesos disciplinarios y fiscales, aunque por la antigüedad de los hechos, muchas sanciones ya habrían prescrito.
La decisión reaviva el debate sobre el poder de los clanes políticos en regiones como La Guajira y sobre la necesidad de blindar la contratación pública frente a la politiquería, la improvisación y el saqueo sistemático.
