Bogotá, Colombia – 25 de mayo de 2025
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha iniciado formalmente una investigación contra el presidente Gustavo Petro, tras la denuncia presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, basada en graves señalamientos sobre la salud física y mental del mandatario. La denuncia se apoya en una polémica carta pública escrita por el excanciller Álvaro Leyva Durán, quien sugirió que Petro estaría enfrentando una presunta adicción a sustancias psicoactivas.
Este hecho marca un giro delicado en la política colombiana, al abrir la posibilidad —sin precedentes en la historia del país— de un eventual juicio político contra un presidente en ejercicio por razones de salud mental y consumo de drogas. La denuncia fue radicada a comienzos de mayo y en los últimos días la Comisión de Acusaciones dio el paso clave de designar a los congresistas instructores que liderarán el proceso.
Según fuentes del Congreso, el caso ha sido asignado a un equipo multipartidista que deberá definir si existen méritos suficientes para avanzar en una investigación formal con fines sancionatorios. En esta fase preliminar, se buscará recolectar elementos probatorios, citar a los involucrados, y eventualmente realizar peritajes médicos o psicológicos si se considera necesario.
La carta de Leyva: el detonante
El detonante de esta controversia fue la carta publicada por Álvaro Leyva el pasado mes, en la que manifestó su “profunda preocupación” por el comportamiento del presidente Petro. En su misiva, Leyva —quien fue destituido del cargo de canciller tras tensiones internas en el gabinete— planteó dudas sobre la capacidad del presidente para seguir gobernando, aludiendo explícitamente a un presunto problema de adicción que, según él, podría estar afectando su juicio.
Aunque Leyva no presentó pruebas concluyentes en su carta, el documento fue considerado lo suficientemente grave como para motivar acciones legales y políticas. Wilson Ruiz, exministro del gobierno de Iván Duque, formalizó la denuncia en su calidad de ciudadano y exfuncionario, invocando la responsabilidad constitucional de la Comisión de Acusaciones para investigar a los presidentes.
Reacciones políticas y constitucionales
Desde el Gobierno Nacional, los señalamientos han sido rechazados categóricamente. Voceros de la Presidencia calificaron la carta de Leyva como “infundada, irresponsable y malintencionada”, y aseguraron que el presidente se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones, con salud estable y sin impedimentos para gobernar.
Diversos sectores políticos han reaccionado con cautela. Mientras algunos congresistas del Pacto Histórico acusan una “persecución política disfrazada de preocupación médica”, otros en la oposición piden una investigación “seria, técnica y transparente”, que permita esclarecer si el presidente está en condiciones físicas y mentales para continuar en el cargo.
El constitucionalista Rodrigo Uprimny advirtió que, aunque la Constitución contempla la posibilidad de un juicio político en casos de indignidad, la carga probatoria es alta y requiere un manejo jurídico extremadamente riguroso. “No basta con una carta o una opinión. Se necesitan pruebas objetivas, diagnósticos y un procedimiento respetuoso del debido proceso”, explicó.
El proceso que sigue
La Comisión de Investigación y Acusación deberá ahora realizar las primeras actuaciones procesales. Si tras esta etapa preliminar se encuentra mérito, el caso podría escalar al Senado de la República, donde tendría lugar un eventual juicio político, cuya consecuencia máxima sería la destitución del presidente.
De momento, no se han fijado fechas oficiales para comparecencias ni se ha hecho pública la identidad de los congresistas designados, aunque se espera que en los próximos días se informe oficialmente sobre el avance del caso.
Mientras tanto, la polémica continúa sacudiendo el escenario político nacional y plantea un reto inédito para las instituciones democráticas del país.
