El Gobierno de Colombia expresó su rechazo a una operación militar realizada por Estados Unidos en el océano Pacífico, que terminó con la destrucción de una embarcación señalada por Washington como presuntamente vinculada al narcotráfico. El hecho, que habría dejado dos personas muertas, generó una fuerte respuesta diplomática desde Bogotá, que considera que el ataque podría haber comprometido la soberanía nacional.
De acuerdo con el reporte del Departamento de Defensa estadounidense, la acción tuvo lugar en el Pacífico Oriental, en el marco de operativos contra el tráfico marítimo de drogas. La embarcación, conocida como “narcolancha”, fue destruida tras ser detectada por sistemas de vigilancia aérea. Sin embargo, versiones preliminares indican que podría haber tenido tripulantes de nacionalidad colombiana, lo que encendió las alarmas en el Gobierno de Gustavo Petro.
“Si se confirma que la embarcación era colombiana y que había compatriotas a bordo, estaríamos ante una acción que viola la soberanía nacional y el derecho internacional”, declaró el presidente Petro durante una intervención en la Casa de Nariño. El mandatario también enfatizó que Colombia mantiene su lucha contra el narcotráfico “sin recurrir a misiles ni bombardeos” y que este tipo de intervenciones deben ser “transparentes y acordes con los tratados de cooperación vigentes”.
Por su parte, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado solicitando explicaciones al Gobierno estadounidense sobre las circunstancias del operativo y la identificación de las víctimas. “El Estado colombiano exige claridad sobre el deceso de posibles ciudadanos nacionales y reitera la necesidad de respetar la jurisdicción y los procedimientos establecidos para la persecución de delitos trasnacionales”, señaló la cartera de Relaciones Exteriores.
Desde Washington, fuentes oficiales han defendido la actuación militar, asegurando que se trató de una acción “legítima de defensa” en aguas internacionales contra una embarcación “que representaba una amenaza inminente”. Sin embargo, la Casa Blanca calificó de “infundadas” las afirmaciones del presidente Petro sobre la posible nacionalidad de los tripulantes y pidió a Colombia “mantener los canales diplomáticos abiertos” para esclarecer los hechos.
El incidente ocurre en medio de un contexto de creciente tensión entre ambos países por la forma en que se desarrolla la cooperación antidrogas. Mientras Estados Unidos ha incrementado sus operaciones unilaterales en el Pacífico y el Caribe, el Gobierno colombiano insiste en que la lucha contra el narcotráfico debe centrarse en la sustitución de economías ilícitas y el desarrollo rural, más que en el uso de la fuerza.
La zona del Pacífico colombiano —especialmente los corredores marítimos del Chocó y Nariño, ha sido históricamente una ruta estratégica para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. En los últimos años, la Armada Nacional ha fortalecido la vigilancia, aunque sin reportar acciones de destrucción de embarcaciones con fuego militar directo, como la realizada por EE. UU.
Analistas advierten que este nuevo episodio podría derivar en un enfriamiento temporal de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington, especialmente si no se aclaran las circunstancias del ataque y la identidad de los fallecidos.
Por ahora, el Gobierno colombiano mantiene su exigencia de transparencia y anuncia que evaluará “medidas diplomáticas y jurídicas pertinentes” en caso de confirmarse la presencia de ciudadanos nacionales en la embarcación atacada.
