La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a encender la polarización nacional con una declaración que parece más sacada de una tribuna política que de una argumentación responsable: aseguró que “hay pruebas que vinculan a Álvaro Uribe con la manipulación de testigos” y que “fue elegido con paramilitares”.
López, acostumbrada a señalar sin pruebas contundentes y a lanzar afirmaciones escandalosas para captar titulares, vuelve a reciclar una narrativa que lleva años en discusión, pero que la justicia no ha confirmado contra el expresidente. ¿Por qué insistir en una acusación que no ha tenido sustento judicial, más allá del ruido mediático y político?
Aunque el país ha visto condenas a congresistas por la llamada parapolítica, nunca ha existido una sentencia que vincule directamente a Álvaro Uribe con pactos con grupos armados ilegales. Las investigaciones que ha enfrentado han tenido giros judiciales, e incluso uno de los procesos más sonados —por presunta manipulación de testigos— fue archivado por la Fiscalía al no encontrar méritos para acusarlo.
Pero Claudia López, fiel a su estilo, prefiere la estridencia antes que el rigor. Su discurso parece más un ensayo electoral permanente que una reflexión seria sobre la justicia. Resulta llamativo que, mientras lanza dardos contra Uribe, guarde silencio sobre escándalos de figuras cercanas a su sector político.
Esta nueva salida de tono no sorprende. Desde su paso por el Congreso hasta su gestión como alcaldesa, López ha hecho del ataque sistemático a Uribe una especie de bandera personal. ¿Busca justicia o simplemente protagonismo? La respuesta, como siempre en su caso, parece inclinarse hacia lo segundo.
