La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena y profundo pesar por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque armado en Bogotá. El organismo internacional transmitió sus condolencias a familiares, amigos y colegas del dirigente político, al tiempo que exhortó al Estado colombiano a garantizar la seguridad de las personas con liderazgo político en todo el territorio nacional.
Uribe Turbay había sufrido un atentado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de la capital, cuando recibió tres impactos de bala durante una actividad política. Tras permanecer más de dos meses en cuidados médicos, falleció el 11 de agosto debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades reportaron la captura del presunto autor material, un adolescente de 15 años, y de otras cinco personas vinculadas al ataque. No obstante, los autores intelectuales y los móviles del crimen siguen sin esclarecerse.
La CIDH instó al Estado colombiano a actuar con diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de este crimen y de otros actos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunitarios. Recordó que combatir la impunidad es fundamental para evitar la repetición de hechos similares y para garantizar el ejercicio seguro de los derechos políticos.
El organismo advirtió que el asesinato de Uribe Turbay refleja la persistencia de la violencia política en Colombia, fenómeno que impacta directamente a dirigentes, partidos y a la sociedad en general. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la CIDH llamó a reforzar las medidas de protección, a reducir la polarización política y a privilegiar el diálogo y los consensos para consolidar la democracia y el Estado Social de Derecho establecidos en la Constitución de 1991 y en el Acuerdo de Paz de 2016.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reiteró su compromiso de acompañar y vigilar la protección de los derechos humanos en la región, subrayando la importancia de que Colombia garantice condiciones pacíficas e inclusivas para la participación democrática.
