Cartagena de Indias. La ciudad amaneció conmocionada por el violento ataque que habría protagonizado Juan Diego Marín Franco, conocido como alias “Perrito”, hijo mayor de Diego Marín Buitrago, apodado “Papá Pitufo”, señalado en el pasado como uno de los grandes capos del contrabando en el país.
La víctima fue identificada como María Andrea Arango Montenegro y quien permanece en estado crítico en la Clínica Serena del Mar, mientras que Marín Franco fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote, donde se definirá su situación judicial por el delito de tentativa de homicidio.
¿Quién es alias “Perrito”?
Juan Diego Marín Franco no es un desconocido para las autoridades. Su nombre ha aparecido en distintos expedientes judiciales, en particular durante una investigación en Cali, donde un sicario lo señaló, junto a su padre, como presuntos financiadores de una oficina de cobro vinculada a homicidios y ajustes de cuentas. Aunque el proceso fue precluido, el testimonio dejó una huella que nunca se borró del todo.
Además, fuentes cercanas a organismos de inteligencia han advertido que alias “Perrito” habría actuado como puente de su padre en negocios irregulares, manteniendo relaciones con estructuras ilegales que operan en la Costa Caribe.
El peso de “Papá Pitufo”
El padre de Juan Diego, Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, es considerado durante décadas como uno de los más poderosos capos del contrabando en Colombia, con epicentro en el Caribe. Su nombre aparece asociado al ingreso ilegal de cigarrillos, licores, ropa y electrodomésticos a gran escala, un negocio que movió miles de millones y que tejió redes con mafias internacionales.
Informes de prensa y reportes de inteligencia lo han catalogado como el “zar del contrabando”, con influencia en puertos, bodegas y autoridades locales. Aunque nunca enfrentó una condena ejemplar, en su entorno se habla de pactos de silencio y de una extensa red de protección política y judicial que lo blindó durante años.
Un caso que desnuda posibles influencias
El ataque ocurrido en un exclusivo sector de Cartagena no solo refleja un grave episodio de violencia intrafamiliar. También despierta interrogantes sobre el alcance de las influencias del clan Marín dentro de la ciudad y de sus instituciones.
De acuerdo con fuentes locales, alias “Papá Pitufo” estaría moviendo contactos en la Alcaldía y en la Fiscalía para buscar beneficios judiciales para su hijo. Esta versión ha generado alarma en sectores ciudadanos que temen que, una vez más, el poder del dinero pueda imponerse sobre la vida de una víctima y sobre la transparencia de la justicia.
¿Doble rasero en la lucha contra la violencia de género?
El hecho ocurre días después de que el secretario del Interior, Bruno Hernández, se hiciera viral en redes sociales al reprender a un hombre que golpeó a su pareja, gesto que fue aplaudido como un mensaje contra la violencia de género.
Hoy, las voces críticas cuestionan si la misma firmeza se aplicará contra alias “Perrito”. La preocupación central es que el caso se maneje con un doble rasero: una actitud ejemplarizante frente a agresores sin respaldo económico, y un silencio institucional frente a quienes provienen de familias de alto perfil.
Cartagena no solo pide justicia para María Andrea Arango Montenegro, víctima de este brutal ataque. También exige garantías de que la Fiscalía y la Alcaldía actuarán con independencia, sin dejarse presionar por estructuras criminales o por clanes con capacidad de influencia.
La ciudad espera claridad en tres frentes:
Denuncia penal de la Alcaldía por tentativa de homicidio, como ha ocurrido en casos similares.
Pronunciamiento público del secretario del Interior, Bruno Hernández, sobre este episodio de violencia de género.
Transparencia en el proceso judicial, evitando maniobras que conduzcan a una liberación anticipada de alias “Perrito”.
El caso Marín Franco no es un hecho aislado: es una prueba de fuego para la justicia en Cartagena y para la credibilidad de sus instituciones frente al crimen organizado y la violencia contra las mujeres.
Diversas voces de la sociedad civil y de medios de comunicación exigen que la Alcaldía de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación avancen con la misma celeridad y contundencia en este proceso, como se ha hecho en otros casos recientes.
La expectativa está puesta en si se formalizará una denuncia penal por tentativa de homicidio y en la claridad de los pronunciamientos oficiales frente a este hecho que mantiene en alerta a la opinión pública.
La ciudadanía espera que la investigación avance con transparencia y que no se impongan intereses particulares sobre la vida y los derechos de la víctima.
